En la línea del tiempo, hasta Mario Marín, todos los gobernadores de la época moderna cumplieron con la tradición de nombrar a generales del Ejército mexicano en retiro como secretarios de Seguridad Pública del estado de Puebla, unos más torpes que otros, aquel más eficiente que este, pero todos con disciplina y códigos castrenses muy rígidos sobre el uso de la fuerza pública. La costumbre de encumbrar a militares en la SSP terminó con Rafael Moreno Valle, quien optó por civiles que, a pesar de haber llegado con la bendición de la Sedena, representaron en los hechos otro perfil, otra sensibilidad y sobre todo otra visión de la relación entre el poder y la sociedad.
El sexenio que corre empezó con Ardelio Vargas Fosado, un priísta reconvertido en morenovallista que ya había dado de qué hablar a las asociaciones defensoras de los derechos humanos al participar activamente, como comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, al lado de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, en la represión en Atenco –fantasma que aún persigue al presidente Peña Nieto- y de maestros en Oaxaca.
Como secretario de Seguridad Pública del estado poblano, el actual titular del Instituto Nacional de Migración del gobierno federal fue fiel a sus principios desde el inicio hasta el final de su tristemente célebre gestión: se inauguró con dos enfrentamientos –uno con fayuqueros, el otro con comerciantes de autopartes de la 46 Poniente- en los que se hizo uso de gases lacrimógenos y hubo saldo de heridos y detenidos, y se despidió con el violento desalojo, en agosto de 2011, de campesinos del municipio de Chignahuapan, registrándose 31 detenidos –en su mayoría mujeres y ancianos- y decenas de lesionados por el uso de toletes, petardos y “artefactos” (no balas, según la CEDH) de goma.
Ardelio Vargas se fue, dejando un muy mal sabor de boca, y en su lugar fue nombrado Facundo Rosas Rosas, un poblano que lograría llegar a la dirección de la Policía Federal en tiempos de Felipe Calderón, cargo que sin embargo tuvo que abandonar luego que la CNDH consideró que la PF incurrió en graves violaciones a los derechos humanos en el fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2012, que dejó como saldo la muerte de dos estudiantes, por disparos de arma de fuego.
Durante toda su carrera, Facundo Rosas ha desempeñado con mano dura su rol de policía de Estado, sin contemplaciones ni remordimientos, y por ello ha dejado muchos agravios y agraviados a su paso, pero sin duda pasará a la historia como el secretario de Seguridad Pública del estado que estuvo al frente del operativo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, donde un violento enfrentamiento entre policías y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que la bloqueaban, terminó con la lamentable muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, 48 granaderos y tres vecinos lesionados, así como cuatro detenidos, todo lo cual ha provocado una crisis sin precedentes en la biografía política de su actual jefe, el mandatario Moreno Valle.
Y es que, más allá de lo que terminen por dictaminar la PGR, la CNDH y la PGJE sobre el origen de las lesiones causadas a Tehuatlie Tamayo –un cohetón, un cartucho de gas lacrimógeno o una “bala de goma”- y más allá de la polémica y mal interpretada #LeyBala, que irónicamente buscaba evitar precisamente lo que pasó en la autopista a Atlixco (y hoy, en México, cualquier grupo puede bloquear una vía de comunicación sin que la autoridad pueda intervenir), Facundo Rosas debe reconocer que hubo garrafales errores tácticos en el operativo de desalojo, que él fue el responsable directo, directísimo, de lo sucedido pues estaba hasta la cúspide de la cadena de mando en el terreno de los hechos; que ni siquiera se siguió un protocolo y que por eso tiene, como dice la frase popular, que “cargar con el muerto”, uno más a su abultado currículum en la materia.
Tarde o temprano, aun cuando la investigación del gobierno federal avale la explicación y confirme los argumentos del gobierno estatal, terminando de una vez por todas con las peregrinas y esquizofrénicas versiones de los enemigos del morenovallismo, y con la guerra de odio iniciada contra el huésped de Casa Puebla, por bien suyo y del gobierno al que todavía sirve, el secretario de Seguridad Pública deberá dar un paso al lado, pues su posición, termine como termine esta historia, es total y absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista- no sólo desde el político- para lo que resta del sexenio en el que, por alguna razón, se prescindió de los militares para encargarse de la SSP.
Como Ardelio Vargas, Facundo Rosas Rosas fue fiel a su origen, leyó mal nuevamente las coordenadas entre el restablecimiento del orden y el uso (o abuso) de la fuerza pública, y en el pecado llevará la penitencia.
Que pague las consecuencias es lo mínimo exigible para un gobierno sujeto como nunca al escrutinio local, nacional e internacional; una opinión pública ávida de respuestas y atenta al desenlace del caso Chalchihuapan.
Aunque nadie se atreva a decirlo desde el régimen, quizá porque este no es el momento adecuado, Facundo Rosas se irá con su música, y sus maneras, a otros lados. Hoy, mañana o pasado, pero su cabeza rodará.
Eso es lo único seguro, y lo único congruente, a 20 días y algunas horas de los hechos que pusieron a Puebla en el mapa, en medio de exageraciones febriles y esquizofrénicas como los “interinatos”, los “derrocamientos”, los “juicios políticos”, la “desaparición de poderes”, el pandemónium y el apocalipsis, entre otras tantas barbaridades propias de la insensatez del momento histórico que vive el estado.