Mientras el presidente Enrique Peña Nieto está reprobado ante la percepción de la ciudadanía poblana, a la mayoría de los delegados de su gobierno poco o nada les interesa esta situación. La apatía que, por incapacidad o por desinterés, muestran los representantes del gobierno federal en Puebla no tiene distinción, lo mismo se presenta en el plano agrario, educativo, laboral y económico que en todos los demás rubros.
En el colmo de los males para Peña Nieto, algunos de los hombres de su confianza designados en Puebla ejercen actos que, lejos de apuntalar su gobierno, generan fundadas sospechas de un claro, rotundo desconocimiento de la ley.
Un caso concreto: Lorenzo Rivera Sosa, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
La pasada semana, este curioso personaje de la picaresca poblana signó un “convenio de colaboración” con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dado a conocer por la oficina de Comunicación Social de esa dependencia -con horrores ortográficos faltaba más, faltaba menos-, en el que pomposamente se anuncia:
Que toda empresa de la construcción afiliada a la Cámara Mexicana de la Construcción participe con todas las facilidades, en las licitaciones de asignación de obra pública que tiene a su cargo la SEDATU.
Decreto a través del cual Lorenzo Rivera excluye a los constructores no afiliados a esa cámara, a quienes por lo menos les manda el mensaje directo en el sentido de que su participación no tendrá las mismas “facilidades” en los concursos donde licitará la obra.
El convenio de colaboración también establece:
Que la CMIC asume el compromiso de cumplir con todos los requisitos que establecen las reglas de operación para la realización de obra pública y social, fundamentalmente en procurar y garantizar que los trabajos se realicen con calidad, en tiempo y forma.
¿Y esta obviedad?
Habrá que agradecer la magnánima conducta de los empresarios de la construcción por ceder a respetar la ley.
Y lo harán gracias a la férrea actitud de Lorenzo Rivera, que, de no ser por su flamante idea de signar un convenio, en Puebla se podrían realizar los trabajos sin calidad, a destiempo y fuera de las formas consignadas en el acuerdo.
Pero eso no es lo más grave: El multicitado convenio señala:
Que el objetivo es brindar asesoría, apoyo técnico y profesional a los presidentes municipales de Puebla en la ejecución de proyectos con el gobierno federal, apoyando en la integración de expedientes, ejecutar proyectos, supervisar obras aportando apoyo académico, técnico y profesional.
Dicho en palabras terrenales: se trata de la sesión de los derechos y obligaciones de la SEDATU a un grupo de coyotes que han hecho de la construcción su modus vivendi para que acudan con la tarjeta de presentación de Lorenzo Rivera.
Mismos coyotes que podrán iluminar con sus profundos conocimientos a unos presidentes municipales cuyo nivel de ignorancia es tan lamentable como el del mismo señor Rivera Sosa.
En realidad se trata del empoderamiento de los amigos de Lorenzo en los municipios con mayores carencias, en donde venderán espejitos para apropiarse de los millonarios recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, el FISM.
El mismo que Peña Nieto destinó para incidir en los indicadores de pobreza establecidos por el CONEVAL.
Conclusión: el presidente de México quiere pero su delegado en Puebla, Lorenzo Rivera, no puede ni quiere ayudarle a combatir la pobreza.
Peña Nieto es el jefe y lo acepta, pero los constructores son sus amigos y no lo niega.
De hecho, el delegadazo tiene ya un operador que distribuirá la obra entre sus amigos, en una cadena corrupta de múltiples implicaciones.
Y es que cuando Peña Nieto pretende mover a México, con acciones como esta, Lorenzo Rivera está inmovilizando a Puebla.
Y llenándose la cartera.