Porque la memoria es corta y a más de un priísta ya se le empezó a olvidar, a poco más de una semana del 7 de julio, vale la pena hacer un recuento –aunque apretado- de los pasos dados por el delegado del CEN, el colimense Fernando Moreno Peña, y su escudero, el dirigente estatal, el poblano Pablo Fernández del Campo, y que condujeron al PRI a su peor derrota en Puebla en la historia reciente, aunque hoy se pretenda mirar a otro lado, y desempolvar viejos y ridículos pretextos, para encontrar las causas primigenias de la catástrofe.
Veamos:
Las elecciones del pasado 7 de julio, en donde se eligieron 217 presidentes municipales y 26 diputados locales de mayoría relativa en el estado de Puebla, se han colocado como las más adversas para el Partido Revolucionario Institucional en la historia del instituto político en la entidad. Ganó solamente 81 alcaldías y sólo 3 legisladores locales.
El PRI dejó de ser un partido competitivo producto de una serie de errores que se cometieron por la dirigencia estatal y de la falta de actitud política para erigirse como oposición al gobernador de extracción panista, Rafael Moreno Valle Rosas.
El mandatario estatal, expriísta, comenzó a construir el camino para tener el control de las elecciones desde junio del 2012 cuando envió al Congreso del estado una iniciativa para la redistritación electoral que fue aprobada en tan sólo una semana sin discusión y con el aval de los diputados priistas, excepto por el legislador David Espinosa Rodríguez.
Dicho acomodo en el mapa electoral fue calificado, en su momento, como “el inicio del camino hacia una democracia moderna” por parte del diputado Édgar Salomón Escorza en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JGCP) del Congreso local y coordinador de los priístas. Curiosamente este oscuro personaje fue designado candidato a presidente municipal de San Martín Texmelucan y perdió producto de las propias reformas que avaló y que incluían las candidaturas comunes y los partidos estatales, a la larga letales para el tricolor.
El presidente estatal del PRI en ese momento, Fernando Morales Martínez, hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, aseguró que se otorgó el aval a la propuesta del mandatario panista, Rafael Moreno Valle, pues no se trataba de una reforma que dañara al PRI, incluso añadió que las modificaciones convertían al tricolor en un partido más competitivo y se eliminaban los viejos preceptos donde el PRI quería adjudicarse todos los espacios.
Posteriormente, en noviembre del 2012, iniciaron las pláticas entre el Partido Acción Nacional, encabezadas por el gobernador Rafael Moreno Valle, con las dirigencias nacionales del Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano para conformar la alianza denominada Puebla Unida. El Instituto Estatal Electoral aprobó el registro de partido local a Compromiso por Puebla, que se unió a este esfuerzo. A pesar de ello, nada, o muy poco, se hizo a nivel nacional para impedir la conformación de esta mezcla política de ideologías distintas que finalmente fue fundamental. El PAN por sí sólo no garantizaba el triunfo, porque su base de votación es similar al del PRI: alrededor de 180 mil votos en la capital. Increíblemente, el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dejaron pasar la megacoalición morenovallista; fue la primera, y más firme señal, de lo que después se confirmaría: el total desinterés de Los Pinos por la elección de Puebla y por la suerte de los candidatos del PRI.
Por su parte, el Revolucionario Institucional sólo afianzó a su aliado en varias batallas que es el Partido Verde Ecologista de México y que siempre le ha resultado un compañero de viaje inútil, pues además de tener que arrastrar a lastres y parásitos como Juan Carlos Natale, muy poco votos le ha aportado en términos reales.
En el escenario inmediato, el Instituto Estatal Electoral obsequió el carácter de partido político local a Pacto Social de Integración, ligado al diputado federal Javier López Zavala; sin embargo, el PRI poco hizo para integrarlo a su alianza y nuevamente el gobernador Moreno Valle Rosas les comió el mandado y se hizo de sus servicios, los cuales, a la postre, fueron un elemento esencial para el triunfo en varios municipios y diputaciones a favor de Puebla Unida.
El 26 de noviembre del 2012, el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, designó como delegado presidente del tricolor en Puebla a Pablo Fernández del Campo, quien cuatro meses atrás había perdido la elección a diputado federal por un distrito de la capital de Puebla, quedando, incluso, en tercer lugar, y quien además ya llevaba a cuestas la derrota en 2010 de Mario Montero, de quien fungió como coordinador de campaña.
En enero del 2013, el CEN del PRI envió al ex gobernador de Colima Fernando Moreno Peña como delegado y junto con Pablo Fernández del Campo, delegado presidente del PRI en el estado, fueron los únicos responsables de conducir el proceso de selección de los 217 candidatos a presidentes municipales y 26 candidatos a diputados locales.
Moreno Peña llegó a Puebla con gran cartel, todo el apoyo del CEN, e infundiendo miedo entre la militancia como una forma de ganarse el respeto de los simpatizantes del tricolor y en especial quienes aspiraban a un puesto de elección popular. Luego se sabría que sólo se trataba de un farsante, extraviado en sus ocurrencias declarativas y empequeñecido a la hora de operar realmente lo electoral y lo político.
En marzo, el Comité Directivo Estatal del PRI inició unos extraños cursos de inducción para los aspirantes a candidatos a presidentes municipales. Hubo molestia, porque los obligaron a pagar una cuota de capacitación e incluso sus cuotas de militantes que fueron entre 10 mil a 20 mil pesos entre más de 800 interesados. Cabe mencionar que a finales de noviembre del 2012, el entonces presidente del tricolor, Fernando Morales Martínez, ya había realizado un curso similar para los mismos objetivos con una cuota de “recuperación” de 5 mil pesos por persona y bajo la amenaza de que quien no tomara dicho curso estaría impedido para ser tomado en cuenta en la carrera política. El dinero nunca entró a las arcas del tricolor y desde entonces, se formó un ejército de priístas tan engañados como resentidos.
En ese contexto, tanto Pablo Fernández como Fernando Moreno Peña iniciaron las pláticas con los aspirantes. Hablaron de la necesidad de tener a un partido unido y que la designación de los candidatos se diera a favor de los perfiles con mejor rentabilidad a favor del tricolor.
Sin embargo, el 10 de abril del 2013, Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Puebla, en un anuncio que fue considerado como un “madruguete”, informó de la designación en bloque –al más puro, viejo y rancio estilo priísta- de 54 candidaturas “de unidad” para igual número de municipios. Aseguró que se trabajó “en consenso” con las diferentes corrientes y grupos al interior del PRI, privilegiando, principalmente, los perfiles ganadores y tomando en cuenta las opiniones de los sectores y estructuras del partido.
De la lista que dio a conocer Leobardo Soto, suplantado el papel de la dirigencia estatal del PRI, sólo en 16 municipios ganó el PRI y el resto fue para otros partidos por las imposiciones que se dieron. Las candidaturas “de unidad” tan celebradas por Pablo Fernández y Moreno Peña, nunca lo fueron.
Desde entonces, al interior del PRI se desató un descontento real entre los involucrados en el proceso interno, porque en la mayoría de los casos nunca se realizó un consenso entre los precandidatos y muchos se enteraron de la decisión tomada a través de los medios de comunicación que difundieron la noticia.
La dirigencia del partido tampoco tuvo el tino de iniciar un trabajo de conciliación de intereses entre los afectados, u “operación cicatriz”; los ofendidos, por la forma en cómo los hicieron a un lado, le dieron la espalda a su partido y se entregaron a los brazos del morenovallismo, que los acogió con gusto.
Puebla Unida, con encuestas en mano, comenzó a detectar a los mejores posicionados en cada municipio e iniciaron las pláticas para incluirlos dentro de su esquema de competencia; el 7 de julio varios de estos priístas resentidos se alzaron con el triunfo a través de la megacoalición o bajo los colores del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano o Pacto Social de Integración.
Tal fue el grado de descomposición que hasta el diputado federal Javier López Zavala exigió la renuncia de Pablo Fernández del Campo a la dirigencia estatal del PRI, a quien llamó “pelele“, y denunció amenazas en su contra por parte de Fernando Moreno Peña por oponerse a la imposición de candidatos.
Aunado a la división del PRI, los responsables de conducir el proceso, elemental para el futuro de Puebla, abrieron las puertas al ex gobernador Mario Marín Torres, quien goza del desprestigio y rechazo social del 85% de los poblanos, de acuerdo con una encuesta sobre la aceptación de personajes políticos.
Pero además, el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su delegado y delegado presidente, minimizaron las expresiones de descontento social que privaron en las filas del tricolor y que presagiaban lo que hoy es una realidad: el peor descalabro en la historia de PRI en Puebla desde su fundación como instituto político.
Así, con la injerencia directa del “góber precioso”, inició el abandono de cuadros producto de las imposiciones; un ejemplo claro de ello fue San Pedro Cholula, donde a la priísta Sara Chilaca le impidieron competir por la presidencia municipal pese a tener una alta aceptación social y en su lugar colocaron a Sergio Galindo, ligado al grupo de Mario Marín y quien, como se esperaba, perdió abrumadoramente. La alianza Puebla Unida convenció a Sara Chilaca para que fuera su candidata a diputada federal y finalmente ganó.
Mientras tanto, al interior de la dirigencia del PRI inició una disputa por el poder entre Pablo Fernández del Campo y Fernando Moreno Peña. El colimense se impuso al poblano, dejándolo como “objeto de decoración” y fuera de las decisiones trascendentales, incluso del manejo de los recursos económicos para las campañas de los candidatos a ediles y diputados, para propaganda y para medios de comunicación.
Para fortalecer su presencia, Moreno Peña se hizo rodear de tres de sus allegados, a quienes convirtió de la noche a la mañana en delegados especiales: Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Juan José Castro y Javier Michel Díaz. El primero de ellos ya perdió una elección como candidato a presidente municipal de Manzanillo ante Nabor Ochoa López, quien era priista y ante la imposición de Bravo Sandoval se refugió en el PAN y a la postre resultó ganador. Los otros dos personajes estuvieron como operadores políticos para Beatriz Paredes Rangel en el 2012 en las delegaciones de Tlalpan y Tláhuac, consiguiendo una derrota en el proceso electoral para jefe de gobierno del Distrito Federal.
A unos días de que iniciara formalmente el proceso electoral –el 5 de mayo del 2013-, el PRI poblano, junto con el PVEM, comenzaron con tropiezos visibles y sembraron confusión. Determinaron registrar la alianza con el nombre de “Mover a Puebla” para tratar de jalar la imagen del slogan utilizado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “Mover a México”, en sus programas sociales. El Partido Acción Nacional inició una controversia jurídica que a la postre ganó y el PRI tuvo que cambiar de nombre por el de “Alianza 5 de Mayo”. Cabe aclarar que esta mala decisión le costó miles de pesos a los candidatos que ya habían mandado a hacer su publicidad con la frase de “Mover a Puebla”.
Las quejas de los militantes por la venta de las candidaturas fueron en aumento, porque las versiones expuestas, de manera subterránea, apuntaban que se vendían entre los 500 mil pesos hasta los 4 millones de pesos, dependiendo del municipio.
Ante este descontrol, se fue abonando al fortalecimiento del principal contendiente: el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien logró conjuntar una fuerza letal que se centró en un punto básico: la unión de todos contra el PRI.
El PRI se sumió en un desorden sensible sin aparente liderazgo y oficio político para poder subsanar las heridas que dejaron las imposiciones de candidatos en decenas de municipios.
El argumento del delegado del PRI, Moreno Peña, fue que la base del triunfo iba a radicar en la estructura del partido; sin embargo, esta es caduca y llena de vicios e incluso de simulaciones: desde hace por lo menos 15 años, los priístas se van con quien mejor les pague, jugando un doble papel, y ese, por ejemplo, fue uno de los elementos sustanciales de la pérdida de tres de los cuatro distritos de la capital del estado en las elecciones federales del 2012. Sólo se ganó el sexto, con Enrique Doger Guerrero.
Con gran anticipación, el gobernador Moreno Valle comenzó a dar muestras de que no iba a escatimar absolutamente nada de lo que estuviera en sus manos para sacar avante el proceso de julio.
Por su parte, el PRI y sus dirigentes cometieron el gravísimo error de no haber aprendido nada de la catástrofe electoral que vivió en el 2010, cuando no supo leer adecuadamente las necesidades políticas de los electores potenciales, minimizó el hartazgo ciudadano a su forma de hacer política y cayó en el exceso de confianza que los llevó a la toma de pésimas decisiones, en las cuales el personaje central fue Mario Marín Torres, el mismo que hoy nuevamente irrumpió en la escena y que endosó su desprestigio a los candidatos, especialmente al ex rector de la BUAP y compadre suyo, Enrique Agüera Ibáñez.
Incluso, Pablo Fernández del Campo declaró a los medios: “No puede regresar lo que nunca se fue, Marín es Marín y siempre ha estado vivo”.
Y en el pecado, o la sinceridad, el PRI llevó la penitencia.
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Mañana, la segunda parte.