Si alguien piensa que el caso de “El Mostro”, también conocido como Álvaro Alatriste Hidalgo, ya se cerró, lamento informarle que la historia continuará y, todo parece indicar, sin final feliz.
Y es que el gobierno del estado, a través de la Contraloría, presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una demanda penal por falsificación de documentos y daños al servicio público en contra del ex edil y frustrado candidato del PRI a la presidencia municipal de Tehuacán.
Fue el pasado 8 de febrero cuando el Lic. Sergio Pérez Waldo, coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría, la interpuso mediante el oficio número CGJ-83/2013, solicitando al procurador Víctor Carrancá Bourget integrar la averiguación previa y emitir y ejecutar la correspondiente orden de aprehensión en contra de Alatriste Hidalgo.
El caso no tiene desperdicio, y las salidas para el corrupto ex alcalde de Tehuacán son muy pocas.
Y es que está más que probado que con tal de obtener hasta dos constancias de no inhabilitado y poder volver a aspirar a un cargo de elección popular, manipuló el sistema electrónico que implementó la Contraloría para la expedición de esa clase de documentos.
En otras palabras: con fecha de 22 de septiembre de 2012 y 9 de enero de 2013, de forma dolosa, “El Mostro” falseó y alteró su RFC para conseguirlos.
La primera vez puso un RFC a 10 posiciones –cuando son 13-: AAHA570603, y la segunda modificó los últimos tres dígitos: AAHA570603000, logrando burlar los candados del sistema.
Pero dejó todas las huellas y al falsear información ante autoridad administrativa competente, incurrió en delitos que ameritan cárcel.
Alatriste Hidalgo fue alcalde de Tehuacán de 2002 a 2005; al término de su periodo, el Congreso del estado le encontró deficiencias administrativas por 1 millón 784 mil 827.63 pesos, por lo que lo inhabilitó para ejercer otro cargo público.
Dicha inhabilitación fue por el lapso comprendido entre el 8 de marzo de 2007 y el 8 de septiembre de 2013; por lo tanto, está vigente.
Tanto que el Instituto Electoral del Estado (IEE) le negó su registro como candidato, lo que causó que el presidente delegado del PRI, Pablo Fernández del Campo, se tirara al suelo alegando una enorme “injusticia” y un “ataque” orquestado desde Casa Puebla.
Corto de memoria, el frívolo e inexperto dirigente tricolor no se dio cuenta que, en los hechos, defendió a un delincuente y peor aún: olvidó que fue su actual candidato a diputado por el distrito 15, José Doger y Corte, quien como titular del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Congreso logró que quedara firme la inhabilitación de seis años y seis meses a Álvaro Alatriste.
El mismo que ahora deberá asumir las consecuencias de sus actos y enfrentar el ejercicio de la acción penal por el daño causado al servicio público.
Y es que la PGJ va tras él.
Con todo.
Un todo en el que caben una orden de aprehensión y una celda.
Sí.
Si esto no es la guerra, cómo se le parece.