Apenas se instaló el pasado lunes en San Lázaro y ya la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados empezó a recibir información sobre la forma en que algunos delegados federales en Puebla no tienen una, sino las dos manos metidas en el proceso electoral local en curso.
Una queja presentada por un grupo de ciudadanos de San Miguel Canoa apunta, entre otros, a Juan de Dios Bravo Jiménez, aplicado –y avezado- alumno de Mario Marín e impuesto por este, el góber precioso, como gerente general de Liconsa S.A. de C.V., una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dedicada al abasto social de leche entre las clases más desprotegidas.
Bravo Jiménez es conocido en las cañerías de la política como “La Memela” y, además de fungir como secretario general de la CNOP –cargo partidista al que no ha renunciado-, se precia de ser el único gran operador electoral del PRI en el municipio de Puebla.
No por nada ha sido secretario de Gobernación de Blanca Alcalá y secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal priísta, en la época en que lo encabezó Juan Carlos Lastiri, otro marinista confeso y quien hoy despacha como subsecretario federal de la Sedesol, la dependencia que precisamente ha sido señalada por el PAN y PRD por el uso electorero de los programas sociales, en específico la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Según la citada queja, de la que hay una copia electrónica, Bravo Jiménez ha empezado a desarrollar sus conocidas dotes en el arte de la mapachería a favor de los candidatos del PRI en los siete distritos de la ciudad de Puebla.
Aunque la Sedesol ha ordenado una supuesta veda electoral, en Liconsa no se han dado por aludidos, pues ayer todavía brigadas de operadores seguían condicionando el acceso al padrón de beneficiarios a cambio del compromiso de voto, un delito de carácter federal que amerita cárcel.
No fue casual, por eso, que en su reciente visita a Puebla, el coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, anunciara que su partido está en plena cacería de delegados y servidores públicos de Puebla que están usando recursos públicos para favorecer al Revolucionario Institucional.
Se refería en específico a Liconsa y al multicitado Bravo Jiménez, un mapache a las órdenes del PRI que quiere volver por sus fueros haciendo aquello para lo único que ha sido entrenado y quien por ello ya está en la mira de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados.
Nada más pero nada menos.