Por más que le busque, por más vueltas que dé, por más recovecos que encuentre para esconderse, la priísta Blanca Alcalá Ruiz tendrá que debatir más temprano que tarde con sus contendientes en la carrera al Senado: Javier Lozano Alarcón (PAN), Manuel Bartlett Díaz (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) y Víctor Hugo Islas Hernández (Nueva Alianza).
Y entonces deberá explicar, entre otras cosas, cómo pudo enriquecerse y adquirir tan bonitos -y caros- departamentos y pisos ejecutivos con un salario de 80 mil pesos mensuales como presidenta municipal de Puebla.
Este lunes, como todo mundo sabe, tuvo que cancelarse el debate que ya estaba programado en la Ibero Puebla entre todos los aspirantes al Senado.
La negativa principal provino, por supuesto, de Blanca Alcalá.
La ex alcaldesa desautorizó y boicoteó el ejercicio democrático alegando, primero, que se trataba de una “celada” –por la relación de amistad de uno de los organizadores con los dirigentes del Panal- y, segundo, argumentando que sólo debatirá si el IFE convoca.
De hecho, se apresuró a presentar una solicitud por escrito para supuestamente pedirle al Instituto Federal Electoral que haga el suyo, sabiendo de antemano que el organismo carece de tiempo y sobre todo dinero para ello, y que ninguna ley lo obliga a realizarlo.
¿Por qué digo entonces que quiera o no quiera, Blanca Alcalá tendrá que acudir a un debate con sus rivales?
Porque dos de las instituciones de educación superior más prestigiadas del estado de Puebla están por anunciar que retoman el ejercicio que la Ibero canceló de última hora.
Para mayores señas, se trata, por un lado, de la BUAP, que estaría abriendo sus puertas para tan importante ejercicio el próximo 25 de abril, y, por el otro, de la UDLAP, que de no ocurrir otra cosa haría lo propio una o dos semanas después.
La candidata del PRI al Senado se libró del foro de la Iberoamericana: ¿también de estos dos?
¿Le dirá que no a la máxima casa de estudios del estado, que desde años viene demostrando pluralidad y apertura para escuchar a todas las corrientes ideológicas y acoger a representantes de todos los partidos políticos?
¿Acusará a su rector, Enrique Agüera Ibáñez, de prepararle una “emboscada” y de tratar de llevarla a la fuerza a un debate “inequitativo” y “opaco”?
¿Y qué le responderá a la UDLAP, para más señas su alma máter?
¿Qué no?
¿Qué no porque hay “gato encerrado” y el rector Ernesto Derbez no sólo es un “perverso”, sino que se prestará a una “trampa” de sus enemigos para que Lozano Alarcón, Bartlett e Islas Hernández la golpeen?
“Los debates deben ser convocados por el IFE y los candidatos debemos registrarnos y acatar reglas”, tuiteó la ex presidenta municipal desde su cuenta @SoyBlancaAlcala –aunque luego el IFE la refutó y dijo que la priísta nunca le propuso un debate-.
En respuesta, Víctor Hugo Islas señaló por la misma vía: “No se preocupen amigos vamos a ver la forma de llevar a cabo un debate en el que participen todos los candidatos”.
No lo dijo, pero seguramente se refería a los debates que organizarán la BUAP y la UDLAP entre los candidatos al Senado, y a los cuales –según veo- Blanca Alcalá ya no podrá rehuirles.
Hace unos días, en su informada columna “La Tempestad” del portal Status, el periodista Valentín Varillas señalaba:
“¿Por qué Blanca Alcalá da largas y largas cuando se le cuestiona sobre la posible realización de un debate con su contrincante panista, Javier Lozano Alarcón? (…)
“La respuesta es simple: la ex alcaldesa de Puebla, en un debate, es terriblemente vulnerable, lo que en nada ayuda a sus propósitos electorales” (sic).
Y no le falta razón.
El problema de la aspirante al Senado nada tiene que ver con quién organice o deje de organizar los debates: ocurre que sencillamente no quiere explicar, de cara a la sociedad, cómo le hizo para hacer fortuna en tan poco tiempo.
¿Se habrá sacado la lotería?
¿Heredó?
No lo ha dicho quien considera que es puro “morbo” (sic), y no un asunto de salud pública, la exhibición de su riqueza inmobiliaria.
Pero ya lo tendrá que decir.
Sí.
A la candidata del PRI, con cuentas pendientes ante el Órgano de Fiscalización Superior, se le empiezan a terminar los pretextos.