Un mal permanente, hasta hoy, en Puebla y en el país acerca de los notarios y las notarías radica en que éstas fueron concebidas como una patente de privilegios, una fábrica de dinero, y no como la función pública de altísima responsabilidad, que otorga el Estado.
El Congreso local avaló este jueves reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal, que fueron enviadas por el Ejecutivo estatal.
Se termina así con esos privilegios mal concebidos, con la discrecionalidad de facultades mal utilizadas y con sus consecuencias mal habidas.
De acuerdo con el dictamen que avaló el pleno, se imponen de uno a cinco años de prisión y multas, que va de 9 mil 662 y hasta 48 mil 310 pesos, por la expedición de documentos apócrifos o por los intentos de lavado de dinero, a través de la compra-venta de inmuebles.
Algo muy común.
Que nunca debió ser.
Este paquete de iniciativas, que envío el gobernador Miguel Barbosa Huerta, busca atacar, principalmente, las “irregularidades y omisiones” que los notarios cometían -y ejemplos sobran- respecto de “pagos por transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles”.
Para que nos entendamos: es una cacería contra la corrupción notarial.
Un dique contra todas esas transas que se realizaban en torno a la escrituración de propiedades.
Ése que es el punto nodal de la corrupción notarial en Puebla, pero que no solamente es privativo de nuestro estado.
“Han existido múltiples comportamientos en el desempeño de la función notarial, múltiples en el otorgamiento de escrituras y eso obliga al gobierno a haber hecho esta propuesta”, dijo el gobernador en su conferencia mañanera.
El estado cumple así con su obligación de garantizar que las personas tengan certeza jurídica al acudir a hacer trámites a las notarías.
Historias de despojos hay muchas.
Repetidas, lamentablemente.
Hay casos de personas que, con buena fe y ante la falta de recursos o ignorancia, no escrituran a tiempo sus bienes inmuebles.
Después, de la nada, se enteran que alguien más apareció y ya lo hizo.
En muchos de esos casos está detrás la colusión de funcionarios notariales.
En Puebla, algunos notarios se comportaban, por sus facultades como fedatarios del Estado, como una casta privilegiada.
Un meta poder.
Pero no es un ejercicio privado.
Las notarías son patentes que otorga el Estado.
Es una función pública llena de obligaciones y responsabilidades.
Estas reformas a la Ley del Notariado y al Código Penal vienen a cerrar una pinza, ahora también jurídica y legislativa, en la estrategia del gobierno de Puebla para combatir la corrupción en las notarías.
Un ejemplo de la contundencia con que el gobierno del estado ha manejado estos casos, está en la revocación de la patente al Notario Número 2 de Puebla, el abogado Juan Tejeda Foncerrada, que este mismo jueves realizó el gobierno del estado.
Este fedatario, ahora destituido como tal, tiene un largo historial de presuntas prácticas anómalas, que datan desde 2010.
Denuncias de fraude.
De colusión para despojos.
Hasta de no pagar a sus empleados.
El final de la historia, como se observó la tarde de este 30 de junio, fue la clausura también de sus instalaciones, con la presencia de elementos de Seguridad Pública.
Las reformas y las acciones que se han emprendido en este contexto, no gustan, por supuesto, a esos privilegiados.
No importa.
Son un logro de justicia.
Un manotazo legítimo del Estado de Derecho.