Mentiras y delitos, enormes, escondidos debajo de la alfombra de la impunidad terminaron por revivir y alcanzar, 10 años después, al otrora hombre más cercano a Mario Marín Torres, su amigo, compadre y funcionario multiusos, Valentín Jorge Meneses Rojas.
Por evasión de presos y, consecuentes delitos contra la procuración y administración de justicia y en otros ramos del poder público, El Vale duerme desde el sábado en el Cereso de San Miguel.
Él, que fue vocero, director del DIF, presidente del PRI, secretario de Comunicaciones, secretario de Gobernación y terminó como notario público número 28 de Puebla capital.
La historia la contamos en Garganta Profunda desde enero de 2013.
https://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=5120#.YCAkNehKjIV
Entonces, planteamos una pegunta que hoy toma ineludible vigencia:
¿Hubo pacto de impunidad entre Rafael Moreno Valle y Mario Marín?
La respuesta de nuevo se antoja contundente.
A pesar de tener todo listo para su captura y su proceso, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), en ese 2013 a cargo de Víctor Carrancá Bourget, no hizo nada.
No movió luego ni un dedo.
A Valentín no se le tocó ni con la foja de una averiguación previa.
Hace 10 años, cuando terminaba aquel marinista sexenio de ignominia, Meneses presuntamente liberó ilegalmente a un secuestrador, un violador y un homicida.
En el contexto de la narrativa de la entonces PGJ, habrían estado involucrados más funcionarios y un pago millonario por esas tres preliberaciones.
De los cómplices, se sabe que es cuestión de horas o días para que caigan.
¿El dinero?
El dinero siempre se esfuma.
Por cierto, Valentín es hoy todavía notario público titular y la versión de la vox populi es que pagó un millón de dólares por esa concesión fedataria.
Aquella que compró también al final del sexenio de su compadre, quien hoy está preso en Cancún por alcance tardío, pero seguro, de la justicia en el caso Lydia Cacho.
Con base en documentos que presentó Garganta Profunda, en su calidad de secretario de Gobernación, en el último tramo del marinismo, Meneses firmó la autorización para tres muy sospechosas preliberaciones.
Tres reos que cometieron delitos graves, y que por lo tanto no alcanzaban el beneficio de tratamiento preliberacional, dejaron el Centro de Readaptación Social (Cereso), el mismo en donde hoy pasa su segunda noche Valentín Jorge N.
En aquella entrega de esta columna se dio cuenta de que salieron:
José Faustino Pérez Rojas, quien estaba sentenciado a 19 años de prisión por violación equiparada.
El 22 de diciembre de 2010 le concedieron este beneficio y, al otro día, el 23 de diciembre de 2010, ya estaba en la calle, a pesar de que le faltaban tres años, seis meses y dos días, para pagar su condena.
Desiderio Jiménez Viveros, con sentencia de 22 años de prisión por secuestro. Le concedió la preliberación el 14 de enero de 2011 y salió el 27 de enero de 2011, apenas cinco días antes del inicio del gobierno morenovallista. Cuando dejó su celda, le faltaban por compurgar nueve años, 11 meses y nueve días.
Y José Luis Pérez Calderón, sentenciado a 14 años y 4 meses de prisión, por homicidio calificado. Le concedió el 5 de enero de 2011 el beneficio de libertad preparatoria y salió de prisión el 6 de enero de 2011. Dejó sin cumplir siete años, seis meses y nueve días.
¿A cambio de qué ese tan anticipado e irregular beneficio a estos tres reos?
La respuesta puede ser muy obvia.
En aquel 2013, Meneses Rojas negó los hechos que, con documentos, quedaron en evidencia.
En una entrevista, dijo que efectivamente se otorgó ese beneficio, pero “sólo a indígenas, personas de la tercera edad y enfermos, incluso de Sida, que había cumplido más de 75 por ciento de su condena”.
“El principal requisito que pidió el gobernador (Mario Marín) fue que no se tratara de delitos graves como secuestro, homicidio o violación”, dijo entonces con descaro flagrante.
Mintió en esa entrevista.
Lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja.
Otros documentos, luego también publicados, terminaron por desmentirlo más.
De ahí que, entonces, dijimos que Valentín Meneses recicló el famoso “es mi voz, pero no es mi voz”, tan célebre en el contexto del caso Lydia Cacho-Marín.
Pero con un “es mi firma, pero no es mi firma”.
A 10 años de la comisión de esos presuntos delitos, el largo brazo de la ley alcanzó al notario que buscaba una diputación plurinominal e incluso había levantado la mano por la alcaldía con el PRI.
Valentín Jorge N. “presuntamente cometió actos de corrupción cuando fungía como secretario de Gobernación”, dice la información oficial de la ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
De aquél, sí fue su voz.
A éste, sí fue su firma.