Concebido como un avance importante y necesario, esta semana el estado de Puebla se sumará por fin a otras 16 entidades en las que se ha eliminado el fuero para algunos servidores públicos, quienes ahora ya no gozarán de la inmunidad procesal que les daba la Constitución local y que, en muchos casos, se traducía en impunidad para el poderoso e influyente. Muchos políticos de ayer, de hoy y de mañana podrán ser juzgados e incluso llevados a la cárcel. La lista es larga y sustanciosa.
Con el aval al dictamen que fue aprobado el pasado 29 de junio, además desaparece la tortuosa y casi imposible declaración de procedencia, para que esos funcionarios fueran procesados por algún delito.
El fuero fue, por muchos años, sobre todo en el régimen priísta de antes de la alternancia, una patente de corso, válgase la analogía.
Una vez que el Pleno del Congreso local lo apruebe y al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, perderán este cobijo el gobernador, las y los diputados, el auditor Superior del Estado, las magistradas y magistrados, así como las y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Si bien no se trataba de una completa inmunidad para esos funcionarios, si representó un blindaje casi imposible de vencer.
El Pleno del Congreso debía erigirse, tras un largo proceso, en Jurado de Procedencia y anular el fuero, para que una resolución judicial tuviera efecto sobre el funcionario.
Con estas reformas a cinco artículos y la derogación de otros dos de la Constitución de Puebla, el fuero se anula.
Se recogen tres propuestas presentadas por el PRI, en 2018, por Morena en 2019 y por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en febrero de 2020, para su concreción.
Ahora para el caso de delitos graves, la autoridad judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, contra el funcionario.
En el caso de delitos culposos, sin embargo, requerirá aún la autorización del Poder Legislativo.
Y para el resto de los supuestos, estos funcionarios podrán hacer frente a los procesos sin dejar el cargo.
Éste último tema pondera la presunción de inocencia a la que tienen derecho todos los ciudadanos y es un error suponer que se está manteniendo un privilegio.
Un apartado de las reformas, que conserva el espíritu de concepción del fuero, es el referente a la inviolabilidad del recinto legislativo y de las opiniones de los diputados.
Esto había quedado fuera del primer proyecto de dictamen y se rescató a propuesta del diputado sin partido Marcelo García Almaguer.
Hay que reconocerlo.
Con la posibilidad de mejorarlas, estas modificaciones avanzan hacia un estado más democrático y parejo.
Sin ciudadanos de segunda y funcionarios de primera.
Es un paso definitivo para terminar con la impunidad.
Con los todopoderosos.
Con los intocables.