Este lunes 3 de febrero comenzó la cuenta regresiva final, los últimos 10 días, del plazo que tienen los concesionarios para las mejoras en el transporte público. A eso se comprometieron cuando el gobierno del estado autorizó el incremento del costo del pasaje, en octubre. Después del próximo 13 de febrero, cuando se cumple la fecha fatal para las adecuaciones (renovación de unidades, colocación de alarmas, cámaras y dispositivos GPS, entre otros), bajo la advertencia de que habrá cancelación de rutas, para quienes no las realicen, nada será igual entre los transportistas y la administración estatal. Quien falle en el compromiso y/o en las sanciones, tendrá una cara factura ante los ciudadanos. Se ve muy complicado que se concrete a tiempo esa “modernización”, por lo que ya 9 rutas buscaron juicios de amparo. El tiempo corre: 10, 9, 8, 7…
A pesar de que los concesionarios han tenido cuatro meses para las mejoras en sus unidades, todavía se ven por ahí algunas circulando de milagro.
Destartaladas, con defensas de madera, contaminando y con llantas lisas, entre un largo etcétera, andan por ahí varias combis, microbuses y camiones.
Es imposible suponer a estas alturas que las mejoras se harán realidad en las 36 mil unidades que circulan en Puebla capital.
Y a tiempo.
Esos vehículos debe ser sacado de las calles el próximo 13 de febrero, cuando comienza la revisión del transporte público.
Así lo ofreció el secretario Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga.
La verdad es que muchos de los transportistas nunca asumieron con seriedad el compromiso de octubre pasado, cuando se autorizó el incremento de 2.5 pesos en el pasaje.
El acuerdo fue de saliva.
Pareciera que fue espejismo suponer que efectivamente habría renovación de unidades, la colocación de alarmas, instalación de cámaras y también de dispositivos GPS.
En muy pocas unidades, del universo de 36 mil, se ha cumplido.
Aunque falta ver que la revisión de la Secretaría de Movilidad les dé el visto bueno.
Ya desde diciembre, varios concesionarios tenían el plan de incumplir.
De pasarse por el arco del triunfo, con el cobijo de un amparo, la advertencia del gobierno del estado de retirarles sus rutas.
Alrededor de 400 integrantes de la Alianza de Transporte de Puebla y la Unión de Transportistas del Estado de Puebla solicitaron juicios de amparo desde el último mes de 2019.
Lo hicieron soterradamente, por una supuesta estrategia jurídica.
Son concesionarios de 9 rutas.
Su representante jurídico, Samuel Méndez Díaz, argumenta que están en malas condiciones económicas.
Que no tienen para las mejoras.
Describió, hace unos días, un panorama casi de víctimas.
Dice que apenas ganan unos mil 300 pesos diarios.
Ya libres, sin el pago del chofer y de los insumos.
Casi 40 mil al mes por unidad.
Nada más.
Y muchos son dueños de varias unidades, sin duda.
Pobres.
Pero el plazo no solamente es para ellos.
También para las autoridades.
Si no les cumplen la advertencia de que se retirarán concesiones, ¿qué ocurrirá?
¿Rodarán cabezas?
¿La del secretario incluida?
Algo debe pasar.
Porque de sí el incremento fue una medida de alto costo para los bolsillos de los poblanos.
Para su cotidianidad y el esfuerzo de, literalmente, hacer milagros para llegar a fin de mes con el gasto.
La promesa de mejoras resultó un consuelo, un paliativo.
Y si no se cumple.
Habrá otra factura.
Esa se pagará en las urnas.
…10, 9, 8… 13 de febrero.