Lejos de ser una “ocurrencia”, la construcción de una nueva sede para el Poder Legislativo del estado es un pendiente que se consideró urgente y prioritario desde hace 26 años. Para esta obra, que se perfila para ser la inaugural del barbosismo, se han contemplado 300 millones de pesos, lo que es una cifra viable, si se compara con otras que han sido calificadas de solamente “relumbrón”. Desde 1993, de acuerdo con un estudio en poder de este reportero, se planteó su “antifuncionalidad y obsolescencia”. Luego, a mediados del sexenio de Melquiades Morales y principios del de Mario Marín, se volvió a abordar el tema, sin éxito. Hasta ahora, con un retraso de más de dos décadas, finalmente se ve una solución para dejar el inmueble del Siglo XVIII que hoy alberga al Congreso y que además significaría un riesgo, por los daños que dejaron los sismos de 2017, aunque el INAH este lunes haya dicho que no.
El caso no está exento de críticas, pero provienen de esas voces que siempre están en contra de todo, como un deporte.
Este lunes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, explicó los detalles de esta planeación, que también ha contado con la sugerencia de cambio de sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Atajando las críticas previsibles, el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ofreció que habrá una licitación totalmente “transparente y ejemplar”, en el ejercicio de esos recursos que ya se comprometió en aportar la administración que tomará las riendas el 1 de agosto.
También este lunes en un recorrido por la sede legislativa, el director del Centro INAH en Puebla, Ambrosio Guzmán Álvarez, consideró que no hay necesidad de cambiar de sede.
El funcionario federal descartó que el otrora llamado Teatro del Pueblo, que alberga al Congreso del estado desde 1905, tenga daños estructurales graves.
Sin embargo, la intención del cambio de inmueble no solamente obedece a los deterioros que pudieron haber dejado los sismos de 2017, luego de los que fueron clausuradas las galerías, para acceso al público, sino en un análisis más extenso y mucho, pero mucho, más añejo.
Ese planteamiento viene desde 1993, cuando se analizó que no era funcional, por carecer de espacios suficientes, pues las oficinas de los diputados son verdaderas palomeras de dos por dos metros; no tiene lugar para estacionamientos, además de que entorpece la vida cotidiana del Centro Histórico de la capital poblana, cuando se realizan las frecuentes manifestaciones.
Ese texto de 1993, que plantea el cambio de sede, describe que “es obsoleto”, ya desde entonces para sus funciones, el edificio de la 5 Poniente 102.
Descarta también cualquier adecuación, con el riesgo además de dañar el valor histórico del edificio.
“Su antifuncionalidad provoca una readaptación incongruente que, hará perder los valores arquitectónicos del inmueble”, advierte el documento en el que también se recomienda convocar a los especialistas, para dar su opinión.
Con base en estas consideraciones es que el entonces presidente de la LII legislatura local, el ya desaparecido Miguel Quirós Pérez, realizó la convocatoria a los especialistas, para que coadyuvaran a la decisión que debería haber tomado el Legislativo.
No hay claridad de por qué no se construyó la nueva sede en esa época, que luego se replanteó cuando Melquiades Morales y Mario Marín fueron gobernadores.
Ahora, con Miguel Barbosa en el gobierno de la entidad, y Gabriel Biestro a la cabeza del Legislativo –los dos de Morena-, la decisión se ha asumido como inaplazable.
Antes no la tomaron las mayorías parlamentarias y los gobiernos del PRI y el PAN.
Y así, nada más pasaron ya 26 años.