Con los asesinatos contra políticos, hombres y mujeres, en el estado y en el país, muchos de los candidatos y candidatas del actual proceso han comenzado a tomar precauciones y, en corto, reconocen que hay zozobra sobre lo que antes fue la etapa festiva de la búsqueda del voto. Las ejecuciones, por la espalda y con un balazo en la cabeza en Coahuila del priísta Fernando Purón, y en Puebla de la verdeecologista Juany Maldonado y la regidora Érika Cázares, han llevado a la reflexión de si se puede seguir en campaña. Nuestro estado, reflejo de la violencia a nivel nacional, es el tercero con más crímenes de este tipo, 13; hay 31 focos rojos reconocidos por las autoridades, y casi 40 abanderados han pedido el apoyo para su protección.
Lo mismo en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la zona del Triángulo Rojo y en la propia capital, los candidatos y sus equipos están más alertas que nunca, porque nunca está de más prevenir.
Si antes se pudo emitir una muy justificada crítica a quienes hacían campaña con equipos de seguridad, hoy habría que revisar cada caso antes de, en automático, condenar la contratación de guardaespaldas.
En las familias de abanderados y abanderadas hay una genuina preocupación.
Más allá de la lucha natural por los votos, en Puebla, que en este rubro está solamente detrás de Guerrero con 24 casos y Oaxaca con 18, el proceso electoral se ha visto por primera vez contaminado por el crimen organizado.
Ese crimen organizado que ya no se conforma con controlar al jefe de Seguridad Pública o al director de Obras municipales.
Esas bandas que ahora van por todas las canicas y está tratando de apoderarse de todo el ayuntamiento.
Quieren “gobernar” en función de los intereses de las mafias de huachicoleros, asaltantes de trenes, secuestradores y rateros de mercancías, que ya entendieron que así, anidados en los poderes regionales, tienen botines más abultados.
La delincuencia está entendiendo que puede servirse de la política, como dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío.
Esas, las historias que antes parecían lejanas para los poblanos, son hoy, lamentablemente, palpables.
Puebla suma ya 13 asesinatos de políticos durante el actual electoral y es el tercer lugar con el mayor número de estos casos, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México, que elabora por Etellekt Consultores.
En total en el país suman ya 112 políticos asesinados y más de 400 agresiones registradas en lo que va del año, de acuerdo con la misma fuente.
Además de los crímenes que les han quitado la vida a aspirantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI), hay que sumar otros casos.
El indicador contempla también el asesinato del funcionario electoral Gaspar Palacios Monterrosas, quien fue linchado en abril pasado, y el secuestro del candidato independiente a la alcaldía de Palmar de Bravo, Ángel Morales Ugalde.
La Secretaría General de Gobierno ha identificado ya 31 municipios considerados como focos rojos en el estado, para este proceso electoral.
Estos son definidos porque o bien ya se dieron casos de agresiones, o porque históricamente han sido zonas conflictivas.
Destacan en ese mapa municipios del Triángulo Rojo, de la Mixteca y de la Sierra Norte.
Hasta el momento, 39 candidatos han solicitado el apoyo de seguridad de las autoridades estatales y otros más, algunos con mucha discreción, ya traen la propia.
La zozobra es ya un elemento más en estas campañas, al lado de las lonas, las matracas y las promesas.
Ningún partido está exento.
Ningún candidato puede sentirse blindado.
Las precauciones que antes parecerían exageradas hoy son necesarias.
En todos hay un clamor: que esto jamás vuelva a repetirse.