En los pasillos del PRI cuentan que hay mucha pero mucha molestia porque su representación ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) no pudo hacer lo mismo que hizo ante el Consejo Local del INE de filtrar a su personal afín, para que cuadros priístas fueran designados como Consejeros Distritales para la elección del próximo año.
Tanta inconformidad existe, pues en los hechos esto implica iniciar “el partido de 2018” con un gol en contra (gol de vestidor, dirían los cronistas deportivos), que incluso esto ya le costó la chamba al representante del tricolor, Silvino Espinosa Herrera, quien ocupaba desde hace varios años esta importante posición.
No le bastó a Espinosa argumentar que para meter allegados como Consejeros Distritales ante el IEE, su partido necesitaba primero preparar perfiles que pudieran aprobar el examen de conocimientos y disfrazarse de ciudadanos comunes y corrientes para atender la fase de entrevistas, como seguramente lo hicieron los demás partidos políticos con registro local, en especial el PAN.
Lo que sí quedó en evidencia en la sesión de designación de dichos Consejos Distritales esta misma semana, fue el obvio sesgo partidista de los consejeros José Luis Martínez y Luz Gutiérrez, quienes durante todo el proceso estuvieron de acuerdo con el método de elección, pero a la hora de la hora votaron en contra sólo para dar una muestra de lealtad y solidaridad hacia el PRI, pues su corazón late rápido y fuerte por el tricolor.
¿O a poco creen que nadie se ha dado cuenta?
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Por cierto: entre algunos consejeros del IEE hay serias dudas sobre la fortuna que podrá correr el juicio para la protección de derechos políticos electorales que presentó hace unos días Enrique Cárdenas Sánchez, quien impugnó la convocatoria para los interesados en postularse a la gubernatura de Puebla bajo la figura de candidato independiente.
Según el ex rector de la UDLAP, rechazado en Morena como candidato, dicha convocatoria viola la Constitución y diversas convenciones internacionales; además, según sus abogados, es restrictivo el requisito de presentar la firma de al menos el 3% de los ciudadanos que aparecen en el listado nominal, distribuidos en dos terceras partes del estado, es decir, 145 municipios.
Sin embargo, los enterados del tema aseguran que se ve difícil que el juicio pueda tener futuro y básicamente por dos razones:
La primera: ese 3% de firmas está firme, a pesar incluso de que en 2016 la entonces aspirante a candidata independiente Ana Teresa Aranda hizo todo porque se modificara para la pasada elección.
Y la segunda: el requisito de territorialidad se lo disculparon a Aranda en los comicios del año anterior, pero para la elección federal de 2018 está vigente, por lo que sería incongruente que se eliminara.
El camino elegido por Enrique Cárdenas es muy cuesta arriba; nada, claro, es imposible, pero deberá correr con mucha suerte para lograr su objetivo tras su portazo a Morena, y su berrinche, al no resultar el ungido por Andrés Manuel López Obrador como su candidato a Casa Puebla.