El añejo caso de la normal rural de Teteles, Puebla, en donde un grupo se ha atrincherado para conservar sus ilegales beneficios y control casi carcelario, un autogobierno, sobre las estudiantes y la institución, ha encontrado absurdas complicaciones adicionales con el comportamiento de funcionarios del más alto nivel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, que no entienden las diferencias entre el servicio público y defensa del Estado de Derecho, sobre su pasado de activistas en la calle.
