El modelo clientelar de los programas sociales del lopezobradorismo, a través de becas y pensiones en efectivo, camina sobre la tenue línea de la legalidad-ilegalidad en materia electoral. Este esquema que, de funcionar a la perfección, le garantizarían al Presidente y a su partido, Morena, un potencial de 30 millones de sufragios, ya ha recibido la primera llamada de atención por parte del TEPJF, que ordenó a la Secretaría de Bienestar sancionar a 14 súperdelegados, por la promoción personalizada de Andrés Manuel López Obrador. Puebla estuvo en esa deshonrosa lista, con Rodrigo Abdala. ¿Será que aquella vieja práctica de utilizar los padrones de beneficiarios como listas de votantes se reeditará con este “nuevo régimen”? ¿Es su único argumento ante la caída de la popularidad del gobierno del “cambio verdadero”?
