Garganta Profunda

Con un desdén al impulso productivo, el PEF 2020, que aprobaron con retraso en la fecha constitucional los diputados federales de Morena, se concentra en una política de dádivas clientelares y su diseño evidencia una clara intención electorera, preparatoria para 2021. En este contexto, Puebla podría salir beneficiado en la medida en que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida destinar recursos de bolsas generales para infraestructura, campo y bienestar, pero poco desde el gobierno federal se ha etiquetado con antelación, como ocurría antes. De ahí el incremento de impuestos, como el ISN y medidas recaudatorias, como la nueva tarjeta de circulación y el reemplacamiento, que anunció la administración estatal. En términos llanos, con este Presupuesto de Egresos, hemos vuelto a los tiempos del Estado paternalista, muy al estilo de Luis Echeverría. Un retroceso de décadas en la política de distributiva.

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Hay muchas diferencias entre la ilegalidad y la ilegitimidad. Lo primero tiene que ver con el estricto cumplimiento de las leyes; lo segundo, con la fuerza moral, con el respeto de las reglas no escritas, pero que deberían ser inviolables. La designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha entrado en un peligroso callejón, si se incumple con la recomendación, que se viene haciendo desde varios flancos hace varias semanas, sobre la importancia de que un profesional probado e independiente encabece el órgano que vigila la correcta aplicación de los recursos públicos en Puebla, por parte de todos los sujetos obligados. Poner a un títere, a un auditor a modo, sería equivalente a una traición de la Cuarta Transformación (4T) a Puebla y los poblanos. Que se comprueben las versiones periodísticas sobre una componenda, con “carta marcada”, sería irreparablemente grave.

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Un dato fino que se ha soslayado en medio de los conflictos por la aprobación del PEF 2020 es que, con la superación de la fecha límite que mandata la Constitución para su aprobación, 15 de noviembre, el decreto que apruebe finalmente la Cámara de Diputados podría ser susceptible de una controversia constitucional ante la SCJN. Paradójicamente, algo análogo ocurrió con el gasto para el Ejercicio Fiscal 2005, cuando el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, era un combativo diputado de oposición, entonces perredista, e hizo ver su suerte al gobierno del panista Vicente Fox, en un litigio similar. Hoy, es legislador oficialista y está ante una situación parecida, pero en bando distinto. Si un caso así prosperara, en el papel se debería aplicar el PEF 2019 y todas las entidades tendrían que hacer cirugía mayor en finanzas, por supuesto Puebla incluida.

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