No fueron dos ni tres, sino por lo menos 30 los reos a los cuales el secretario de Gobernación de Mario Marín, Valentín Meneses Rojas, autorizó su liberación anticipada al margen de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad del estado de Puebla.
Ayer documentamos que tres internos de los Ceresos lograron salir de la cárcel a pesar de haber sido sentenciados por delitos considerados graves: secuestro, violación equiparada y homicidio calificado.
Ninguno de ellos tenía derecho a ningún beneficio y hoy deberían seguir tras las rejas pagando sus respectivas condenas de 22 años, 19 años y de 14 años y cuatro meses de prisión, respectivamente.
Como ha dicho el procurador Víctor Carrancá Bourget, funcionarios de la Secretaría de Gobernación vendieron las preliberaciones, como parte de una trama corrupta de grandes dimensiones.
¿Cuánto recibieron los marinistas, con Valentín Meneses a la cabeza, para regresar a las calles a quienes secuestraron, violaron y asesinaron y que a pesar de haber sido condenados por un juez, no cumplieron toda su sentencia?
Fuentes cercanas a las investigaciones de la PGJ hablan de varios millones de pesos; una cifra, dicen, que espantaría a cualquiera.
Hay, empero, un dato revelador que no debe –ni puede- perderse de vista: el momento en que el hombre de todas las confianzas del góber precioso firmó los acuerdos que permitieron la liberación de una treintena de reos acusados de cometer delitos graves.
Veamos dos nuevos casos:
El primero es el del reo Domingo Máximo Méndez, sentenciado a 16 años y seis meses de prisión por el delito grave de violación calificada; por lo tanto, no tenía derecho a ningún beneficio de acuerdo con el artículo 54 bis de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad.
Pese a ello, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, le concedió el 14 de enero de 2011 el beneficio de tratamiento preliberacional, saliendo de la cárcel el 18 de enero de 2011, faltándole por compurgar dos años y 14 días.
Es decir: el violador Domingo Máximo Méndez recobró su libertad apenas 13 días antes del fin del gobierno de Mario Marín y del inicio de la administración de Rafael Moreno Valle.
El patrón –tenían prisa, sin duda- se repite en el segundo de los casos: el del interno Carlos Madrid García, sentenciado a 13 años de prisión en segunda instancia por el delito grave de homicidio simple intencional.
A él se le concedió el beneficio de la libertad preparatoria el 20 de enero de 2011, saliendo de prisión al día siguiente (21 de enero de 2011), faltándole por compurgar siete años, ocho meses y 19 días.
Esto es: el asesino Carlos Madrid García dejó el Cereso apenas 10 días antes del arranque del sexenio morenovallista.
¿Una casualidad?
De ninguna manera.
Tal es el modus operandi en el resto de las preliberaciones –o indultos- autorizados por el secretario de Gobernación de Mario Marín.
Todas, absolutamente todas se hicieron en los últimos días de la pasada administración.
Y con una celeridad inusitada, impropia tratándose de asuntos de esa delicadeza, en una acción sincronizada que recuerda a la realizada por los funcionarios del panista Felipe Calderón que otorgaron dos permisos para operar casi 100 casinos en los últimos segundos del pasado gobierno federal.
Las preliberaciones se concretaron, sí, en los días previos a la toma de posesión de Rafael Moreno Valle, justo en ese preciso momento en el que el régimen que se iba no se terminaba de ir y el que llegaba no acababa de llegar.
Hoy se sabe, con documentos en las manos, que todo se operó desde la oficina del secretario de Gobernación.
Aunque eso sí: Valentín Meneses Rojas –quien se dice inocente: lo mismo decía cuando defendió a su jefe de las agresiones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho- no es el único involucrado en la cloaca.
Y es que la PGJ sigue una línea de investigación en torno a otros dos personajes que tomaron parte en la trama de corrupción.
Uno de ellos es Indalecio Cuesta Torres, presunto primo del ex gobernador Mario Marín Torres y quien se desempeñó como director de Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Gobernación.
El caso es un verdadero escándalo y dará para más, mucho más. Inevitablemente.
