Garganta Profunda

Un nuevo documento oficial, fechado no en abril de 2011 sino en junio pasado, reconfirma lo que ayer quedó claro: que el secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado, Ardelio Vargas Fosado, es, legal, administrativa y políticamente, el principal responsable de la fuga de 11 reos de alta peligrosidad, por negarse a trasladarlos a un penal de más seguridad cuando el entonces director del Cereso de Cholula, Jorge Daniel Martínez Casco, se lo pidió expresamente -y por escrito- hace casi ocho meses.

El nuevo documento en poder de Puebla On Line data exactamente del 7 de junio de 2011 y obedece a una solicitud que Martínez Casco le hizo a Ardelio Vargas a raíz de diversos aseguramientos de hierba verde y seca, al parecer marihuana, en la cárcel cholulteca.

“… es de suma importancia para el suscrito mantener el orden y la estabilidad del Centro Penitenciario a fin de garantizar el orden público, la protección y seguridad de los habitantes de este municipio; así como salvaguardar la integridad física del personal operativo y administrativo y de la misma población interna y sus visitas”, le escribió Martínez Casco al secretario de Seguridad Pública.

Y añadió:

Por ese motivo, “me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en coordinación con las instancias correspondientes se realice un operativo de revisión, detección y aseguramiento de todos y cada uno de los elementos enunciados en el artículo 150 del Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del Estado”.

Según los sellos de recibido, el oficio DCRSRCH/SA/121/2011 llegó a las manos de Ardelio Vargas, vía la Oficialía de Partes de la SSP, siete días después, es decir, el 14 de junio de 2011; sin embargo, el secretario, por alguna razón inexplicable, no realizó ningún operativo de revisión al interior del Cereso de Cholula, tal y como se le pedía.

Quizá si lo hubiera hecho, cumpliendo con su deber de organizar, dirigir y administrar los Centros de Reinserción Social, pudo haber prevenido que los reos más peligrosos del penal accedieran no sólo a drogas, sino al arma de fuego, las llaves de las celdas, la herramienta sofisticada y el equipo de radiocomunicación que finalmente 11 de ellos utilizaron la madrugada del pasado domingo para fugarse sin problemas.

Peor tantito: en el documento citado, el director Martínez Casco repitió al funcionario algo que ya le decía con claridad en el previo de abril de 2011: que el Cereso a su cargo presentaba múltiples carencias de seguridad interna.

Así lo dijo:

“No omito manifestarle que mi petición obedece a que me encuentro limitado de personal de seguridad y custodia, aunado a la falta de equipo de tecnología de punta que pueda reforzar el procedimiento de revisión de las personas que ingresan a este Centro Penitenciario…”.

Sí, Ardelio, Ardelio Vargas sabía.

Sabía todo.

Y no hizo nada para evitarlo.

***

Este miércoles, Puebla se amaneció con la noticia de que el secretario de Seguridad Pública ordenó el traslado de nueve internos considerados de alta peligrosidad del penal de Cholula a las penitenciarías de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán.

Es decir, fue hasta que se fugaron 11 que Ardelio Vargas hizo lo que le pidieron hacer, y por escrito –como hemos documentado-, desde abril de 2011.

Cualquiera diría que después de ahogado el niño, a tapar el pozo, y ese cualquiera tendría toda la razón.

En su oficio DCRSRCH/SJ/384/2011 de abril de 2011, el director de la cárcel de Cholula, Jorge Daniel Martínez Casco –hoy paradójicamente detenido y acusado del delito de evasión de reos-, pidió al titular de la SSP trasladar a otro penal a los siguientes internos: Israel Ramírez Fernández, Fernando Haro Pérez, Julio César Hernández San Juan, Roberto Romero Vázquez, Daniel Contreras Leyva, Israel Cruz Arruti y Ernesto Márquez Cruz, alias “El Chuleta Ahumada”, todos procesados por secuestro y otros delitos de delincuencia organizada.

De ese grupo que no fue reubicado en tiempo y forma, la madrugada del pasado domingo se escaparon cuatro: Israel Ramírez Fernández, Fernando Haro Pérez, Julio César Hernández San Juan e Israel Cruz Arruti, pero otros tres: Roberto Romero Vázquez, Daniel Contreras Leyva y “El Chuleta Ahumada”, estuvieron entre los nueve que apenas el pasado martes, entre las 17:00 y 18:00 horas, bajo un discreto pero fuerte operativo policial, Ardelio Vargas decidió por fin llevar a un Cereso de más seguridad.

¿Por qué hasta ahora y no hace casi ocho meses, cuando se lo pidieron?

“Ninguna seguridad puede ser posible si hay corrupción”, dijo el secretario de Seguridad Pública al salir ante los medios a lavarse las manos y culpar al ayuntamiento de San Pedro Cholula de la fuga de 11 peligrosos delincuentes.

Pero quizá hubiese sido más preciso, y más honesto, si hubiese dicho:

“Ninguna seguridad puede ser posible si hay negligencia”.

Precisamente la palabra que lo define todo.

***

Cheque, por cierto, el show de Ardelio:

gar_pro@hotmail.com

Aunque el secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal insista en lavarse las manos como Poncio Pilatos –quisiera que tras la tormenta, ya llegara la calma- por la fuga de 11 reos de alta peligrosidad del Cereso de Cholula, todo parece indicar que eso no podrá suceder. No, al menos, en el corto plazo.

Y es que Ardelio Vargas Fosado tiene más responsabilidad de la que muchos imaginan.

De hecho, sus afirmaciones en el sentido de que toda la culpa de la famosa evasión recae en las autoridades municipales, pues la dependencia a su cargo les advirtió desde el pasado 17 de noviembre sobre diversas anomalías en esa cárcel –como sobrepoblación y autogobierno-, no son del todo exactas.

Es más: son al revés, completamente.

Porque resulta que desde abril de 2011 –es decir, desde hace casi ocho meses-, el titular de la SSP tuvo pleno conocimiento, y por escrito, de la peligrosidad de los internos que hace unos días se dieron a la fuga.

Y no sólo eso: incluso, por esa misma razón, se le solicitó desde ese mes el traslado de al menos cuatro de ellos: los secuestradores Israel Ramírez Fernández (a) “El Chuleta”, Julio César Hernández San Juan (a) “El Buker”, Fernando Haro Pérez e Israel Cruz Arruti, a un reclusorio de mayor seguridad, pues su presencia en el penal de Cholula “representa un riesgo institucional” (sic).

Lo más paradójico es que dicha petición, ignorada a la postre por el funcionario estatal, fue realizada por el director de la cárcel, Jorge Daniel Martínez Casco, hoy detenido y acusado, junto con otros funcionarios y custodios penitenciarios, del delito de evasión de reos.

Una serie de documentos facilitados por fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que está a cargo de las investigaciones y que ha prometido llegar hasta el fondo de las mismas, no deja lugar a dudas.

Fue el pasado 20 de abril cuando Ardelio Vargas recibió el oficio número DCRSRCH/SJ/384/2011, con copia para el general Segismundo Doguin Garay, subsecretario de Seguridad Pública; Roberto Olivares Mojica, director general de los Centros de Reinserción Social, y el comandante Sergio Trujeque Ortizoga, por entonces encargado de despacho de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión en el Estado.

En dicho documento, por ejemplo, Martínez Casco advirtió a Ardelio Vargas que uno de los internos “ha intentado sobornar al personal de seguridad y custodia para conseguir su libertad” y que el susodicho ofrecía hasta un millón de pesos a quien o quienes lo ayudaran a escapar.

Ese interno resultó ser Israel Ramírez, mejor conocido como “El Chuleta”, en prisión preventiva desde el 3 de diciembre de 2010 por secuestro, robo de vehículo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; un reo de alta peligrosidad que “no presenta sentimientos de culpa o arrepentimiento”; justamente uno de los 11 que escapó de la cárcel de Cholula en la madrugada del pasado domingo.

Pero eso no es todo:

En el mismo oficio, Martínez Casco también reportó a Ardelio Vargas las desventajas que en esa fecha, abril de 2011, presentaba el Centro de Reinserción Social Regional a su cargo:

“No cuenta con infraestructura necesaria para albergar a este tipo de internos en virtud de que la construcción es de la época colonial, la cual ha sido modificada para albergar internos de mínima seguridad y/o se encuentren compurgando sentencias mínimas”; “su capacidad real instalada para albergar internos es de 147 espacios físicos y actualmente cuenta con una población de 452 internos, que representan una sobrepoblación del 207.48%” y “es insuficiente el personal del área técnica, administrativa y de seguridad y custodia”, fueron algunas de las advertencias hechas al secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, advertencias que –ya se sabe- fueron echadas en saco roto.

Ante tal panorama, y tras un análisis del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cereso, “me permito solicitar su amable intervención para que los reos mencionados en líneas anteriores, sean trasladados en calidad de depósito a un reclusorio de mayor seguridad debido a que su permanencia en este penal representa un riesgo institucional”, decía –literalmente- Martínez Casco, quien incluso citaba jurisprudencia que hacía viable la petición y agregaba un oficio en el que el juez penal del Distrito Judicial de Cholula no reportaba ningún inconveniente de su parte para el traslado de los reos.

Era abril de 2011 y ninguno de los aludidos contaba entonces con un amparo para evitar ser llevados a otro penal.

La fecha de elaboración y recepción de los multicitados documentos es clave para entender hasta dónde llegó la negligencia oficial, pues de ahí se desprende que Ardelio Vargas tuvo tiempo de sobra para proceder al traslado; de hecho, contó con un lapso de casi ocho meses antes de que el 4 de noviembre de 2011 –unos 20 días antes de la fuga masiva- la juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, Naela Márquez Hernández, mediante el incidente 1627/2011, le otorgara a por ejemplo Fernando Haro Téllez, uno de los internos que escaparon, la protección de la justicia federal para desactivar cualquier intento de reubicación, bajo el argumento de que aún no había sido sentenciado.

Los reos que escaparon sabían que en algún momento irremediablemente iban a ser trasladados al Cereso de Tepexi de Rodríguez, porque así era el deseo del director de la cárcel, pero lenta u omisa, la autoridad estatal no sólo les dio tiempo de litigar en los tribunales, también de fugarse por si las dudas la justicia no les favorecía.

Según la fracción XVIII del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a la Secretaría de Seguridad Pública corresponde “conocer y resolver las solicitudes de traslado de reos y las tendientes a la reinserción social de los internos en los Centros de Reinserción Social”. Sin embargo, Ardelio Vargas, pese a ser advertido por escrito de la peligrosidad de los internos y de las deficiencias del penal donde éstos se encontraban, incumplió con su responsabilidad.

Y hoy, ante el escándalo que derrumba el mito de la excelencia y sus efectos políticos colaterales, busca deslindarse de un tema espinoso y caliente que lo involucra, completamente, a la luz de los hechos.

Dice que él informó de las anomalías existentes en la cárcel de Cholula desde el pasado 17 de noviembre cuando lo cierto es que fue exactamente al revés; vaya, que sabía, sabía todo desde mucho antes, desde abril, y aun así no hizo nada. Absolutamente nada.

¿Por qué?

Ojalá algún día nos lo cuente.

gar_pro@hotmail.com

Un Humberto Moreira de enorme, retorcido y afiladísimo colmillo fue el que se encontraron ayer los rebeldes del PRI poblano que acudieron en montón al DF, como en procesión a la Villa de Guadalupe, hasta las oficinas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional para quejarse por la odiada alianza electoral con el Panal y el PVEM.

Por casi dos horas y media, Moreira hizo gala de sus conocidas dotes de gesticulador para soportar estoico los lloriqueos de Enrique Doger, Javier López Zavala, Blanca Alcalá, Alejandro Armenta, Víctor Manuel Giorgana y un largo etcétera, que fueron a tratar de recuperar lo que una más hábil, y más perversa, Elba Esther Gordillo les quitó en la mesa y sin apenas despeinarse: una senaduría y dos (cómodas) diputaciones federales: la de Ajalpan y la de Zacapoaxtla.

Hubo quien, como Doger, hasta llevó encuestas y números para probar su conocida teoría de que en Puebla, Nueva Alianza pesa poco menos que un kilo de cacahuates.

También hubo quien, como Alcalá, regaló una estampa más de su famosa tibieza cuando titubeó y dudó justo cuando lo que se requería era una voz fuerte y firme para levantar la voz a nombre de las priístas poblanas –al menos por el pretexto de la cuota de género-.

O quien, como Giorgana, se fue a los extremos, se desgarró las vestiduras, se envolvió en la bandera de la democracia y, cual Niño Héroe de Huauchinango, casi, casi se tiró al suelo a hacer su berrinche por lo que llamó “una ofensa” a los priístas poblanos por estar dando “demasiadas concesiones” a Nueva Alianza.

Paciente, y con una sonrisa de oreja a oreja –envidia segura del mismísimo Guasón-, Moreira soportó la andanada de lamentos, a todos escuchó, y a todos, sin excepción, les dio la razón.

“Sí, sí, sí”, parecía decir en sus adentros cada vez que alguien más, Zavala por ejemplo, hablaba y hablaba y hablaba para decir lo mismo sólo que de diferente forma y dando más vueltas que cualquier carrusel de feria.

El momento cumbre de la esperada cita llegó cuando el dirigente nacional del PRI tomó la palabra para decirles a modo de una confesión secreta que él, coautor de la coalición maldita con el terrible partido de la tenebrosa profesora, desconocía por completo que el Panal se había agenciado dos de los distritos más fáciles de Puebla.

“No lo sabía”, subrayó, y más de uno se quedó con las ganas de preguntar: ¿y ahora cuál dedo nos chupamos?

Porque eso precisamente, atole con el dedo (a la poblana, ¡claro!), como menú principal, fue lo que les dio Moreira.

Y es que del tema principal (el veto a la virtual candidatura al Senado del maestro y diputado panalista Guillermo Aréchiga) no se tocó absolutamente nada. Y nada es nada.

Doger, Zavala, Alcalá y Armenta fueron a eso, a tratar de tumbar del caballo que ya corre desbocado al presidente de la Gran Comisión del Congreso, pero nada consiguieron.

O sí: la promesa –mera promesa- de que el convenio de coalición se va a revisar para que Nueva Alianza ya no contienda con candidatos propios en Ajalpan y Zacapoaxtla, dos de los distritos más cómodos, a cambio de que sí lo haga en dos de los distritos más complicados, como Tehuacán, Atlixco, Cholula o alguno de la ciudad de Puebla.

Modificación que, de concretarse en los hechos, significará, sí, una victoria… pero victoria pírrica para los quejosos, pues en el fondo a ninguno de los revoltosos les interesa lo que pase en la lucha por la Cámara de Diputados en los comicios del 2012.

El tema, su tema, era el Senado, que ven totalmente perdido para un priísta si gracias a la alianza, como todo parece indicar, se unen los destinos de Aréchiga y del rector Enrique Agüera, representantes de dos estructuras y dos maquinarias muy difíciles de derrotar: la del SNTE-Panal y la de la BUAP, ambas igualmente poderosas en lo político, en lo económico y –no nos hagamos- en lo electoral.

Por cierto: ninguno de los asistentes a la reunión con el actorazo Moreira (jodido, jodido ya se ganó una Diosa de Plata al mejor trabajo histriónico) tocó al rector de la máxima casa de estudios. Y es que en todos ellos parece haber consenso de que definitivamente es la mejor opción para la Cámara Alta.

Como diría un ausente, y más francote y consciente, Fernando Morales Martínez, el único priísta poblano de cierto peso que dijo que iba pero finalmente no llegó al CEN seguramente por tener cosas más importantes que hacer:

¿Quieren chamba cuando Peña Nieto gane la Presidencia?

¡Pues dejen de llorar y pónganse a trabajar!

gar_pro@hotmail.com