Diversas reacciones causó la publicación ayer del padrón de los auténticos dueños de los moto taxis en Puebla, y de sus protectores políticos.
Una de ellas provino de la mismísima Secretaría del Transporte –antes SCT-, de parte de un informante plenamente ubicado y conocedor a fondo del verdadero teje y maneje de éste, uno de los grandes –e impunes- negocios del marinismo intocado e intocable.
Veamos cómo estuvo la transa macabra (las negritas son cortesía de la casa):
“Sr. Arturo Luna Silva.
“Muy interesante su artículo de hoy. Trabajo en la SCT y le sacaron copias y se repartieron en todas las oficinas, el personal de base que tenemos muchos años en la secretaría comentábamos que recordamos las aparición de moto taxis desde los tiempos de Marco Antonio Rojas, inclusive cuando la licenciada Patricia Leal era subsecretaria y nuestro ahora secretario Bernardo Huerta era coordinador, intentaron combatirlos pero por instrucción superior no pudieron.
“En la anterior gestión, al principio Rómulo Arredondo ordenó seguir tolerándolos, pero fue hasta que llegó el subsecretario Lázaro Jiménez Aquino –zavalista por los cuatro costados- que el gobernador Marín le autorizó la prebenda de que los ingresos por tolerarlos fueran a dar directamente a esa subsecretaría.
“Cuentan los que tenían acceso al sub o a su particular Gabriel Sodi que ambos presumían no sólo su relación cercana con Javier López Zavala, sino que el sub era ahijado de bodas del gobernador y entonces por eso lo dejó hacerse de esa vaquita.
“Tradicionalmente, solamente se les pedía la típica mordida y eso se le reportaba a los jefes, pero ya que perdió Zavala las elecciones y el sub se desesperó porque ya no habría trabajo en el futuro, entonces inventó lo de los permisos con calcomanías y la supuesta legalización la operó personalmente el jefe del departamento de logística, Juan Manuel Alcántara Silva, quien se sentía protegido no sólo del subsecretario Lázaro, sino que hasta presumía ser cercano a Beatriz Paredes y por eso nadie le podía hacer nada.
“Él, en confabulación con Jesús Guerra Montiel, nos prohibieron a los supervisores acercarnos a los moto taxis, solamente cinco supervisores acompañaban a Alcántara a los operativos y cobraran no 5 ni 10 mil pesos, sino 13 mil por cada pegote.
“Finalmente le doy perspectiva de cómo llegaba el dinero al sub, pues el jefe de Alcántara era Gabriel Sodi Salinas, quien fue nombrado Director de Ingeniería de Transportes y de ahí previa mochada lo subía a Lázaro Jiménez”.
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Otra reacción fue la de los señores diputados del PRI Jesús Morales Flores y David Espinoza Rodríguez.
Ellos optaron por tirarse al piso (“El Torito es inocente”) y asegurar que nada, nada de nada, tienen que ver con la mafia de los moto taxis.
Jesús Morales mandó a decir que no es él, sino su queridísimo sobrino, el diputado federal Fernando Morales Martínez –al cual don Chucho se refiere despectivamente sólo como “Fernando Martínez”-, quien tiene fuertes intereses en el business.
¿Pues qué le sabrá el Filósofo de Santa Catarina a su pariente, el ínclito dirigente de la CNOP?
Por su parte, el zavalista Espinoza también rechazó cualquier vinculo con el escabroso tema y recurrió a su papá Manzanilla (Fernando Manzanilla Prieto) para que la Secretaría General de Gobierno le extienda una carta de buena conducta, deslindándolo de tener no una, mucho menos las dos manos metidas en la transa de los moto taxis.
Él que es tan, tan cercano al arzobispo Víctor Sánchez, ¿sabrá que mentir es un grave pecado que sólo se paga con buches de agua bendita?
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El que ayer la pasó mal, muy mal, pues casi se le atraganta el bocado, es el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Guillermo Aréchiga.
Y es que nunca esperó que a la comida convocada por Fernando Manzanilla en Casa Aguayo para celebrar el acuerdo legislativo para evitar que el proceso electoral 2012 paralice al Congreso, estuviese considerado el diputado y dirigente de Convergencia, José Juan Espinosa, al igual que los coordinadores de los otros tres partidos que conformaron la exitosísima coalición “Compromiso por Puebla”: PAN, PRD y Nueva Alianza.
Dicen que Aréchiga a punto estuvo de irse para atrás cuando José Juan ingresó al privado donde Manzanilla compartía el pan y la sal con sus invitados.
Así que si hoy ve enojado e irritable al presidente de la Cámara, dele un sobrecito de sal de uvas Picot, o un Alka Seltzer, pues de seguro, la comida le cayó pésimo.
Vamos: como una bomba (y no precisamente yucateca).
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Más allá de la anécdota, lo cierto es que sólo hubo dos artífices del acuerdo que atestiguaron –y con su firma avalaron- los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, Rafael Moreno Valle y David López Muñoz, respectivamente.
Sí, la paternidad de dicho acuerdo corresponde al panista Mario Riestra, coordinador de su bancada, y al líder verde ecologista Juan Carlos Natale, quienes lo trabajaron por lo menos desde el pasado mes de marzo y lograron convencer a todas, absolutamente todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo poblano.
Más allá de que todo quede sólo en una declaración de buenas intenciones, el esfuerzo es digno de reconocer, entre otras cosas porque se trata del primer acuerdo de esta naturaleza que se firma en todo México.
El borrador final fue redactado por Riestra y finalmente cabildeado con el resto de las fracciones parlamentarias, en especial la del PRI, cuyo coordinador, José Luis Márquez, resultó clave.
Así, por enésima ocasión, quedó en evidencia que PAN y PRI han sido los que han dado y seguirán dando gobernabilidad y rumbo al Congreso local.
Hubo –y hay- molestia con Aréchiga, diputado del Partido Nueva Alianza, porque además que querer colgarse una medalla por la que no luchó, incumplió el pacto de no ventilar la existencia del acuerdo legislativo antes de su firma.
No pudo con los famosos foros de consulta para la elaboración de la agenda legislativa, pero ¿ahora resulta que sí logró convencer a panistas, priístas, perredistas, petistas y verde ecologistas de sumarse al multicitado acuerdo?
¡Por favor!
Se pensó que era suficiente con el ridículo que hizo la pasada semana prestando el Salón de Plenos del Congreso para la firma de un convenio patito entre los alcaldes de Puebla y San Andrés Cholula, para “solucionar definitivamente” el conflicto de límites territoriales. Evento del cual se salieron los diputados del PRI por tratarse de un agravio a la autonomía del poder Legislativo y una ofensa a los legisladores, quienes -hasta donde se sabe- se mandan solos.
Pero ya se vio que no.
Que don Guillermo va por más.
Cuentan que el diputado priísta Enrique Doger es uno de los más molestos con Aréchiga.
Tanto que juran ya le pidió de la manera más atenta que mejor deje la presidencia de la Gran Comisión y se dedique a lo suyo, lo único que le importa: su campaña para senador.
Y es que como bien dice el dicho: más ayuda el que no estorba.
¿Será?
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