¿Qué dice la reforma educativa?
Lesly Mellado May
La reforma educativa decretada este 25 de febrero por el presidente Enrique Peña Nieto tiene como último interés justamente la educación, se trata de una lucha política por el control de un sector estratégico en el país.
En realidad la propuesta enviada por el Ejecutivo para acotar la intervención del SNTE en la elección de directores de supervisores y directores de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato (eficientes operadores electorales), fue atemperada en el Congreso de la Unión.
El malestar de la maestra Elba Esther Gordillo por el intento de mitigar su poder, fue matizado en la redacción final de la reforma constitucional al artículo tercero:
“El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
La propuesta original no incluía la frase: “(…) con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
El gremio magisterial también había sido excluido de las decisiones en materia educativa, pero al pasar por las cámaras se incluyó (lo marcado en cursivas):
“El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”.
La reforma también ordena la realización de diagnósticos a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Peña Nieto había planteado tener el control absoluto en la elección de los miembros así como del presidente del Instituto.
Pero al final se decidió esta redacción:
“La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante”.
“La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley”.