Lesly Mellado May

Puebla se ubica entre los estados con mayor pobreza en localidades urbanas, según el más reciente informe que sobre la materia elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El documento denominado Información de Pobreza por Localidad Urbana fue publicado el pasado mes de diciembre y establece que en cuatro entidades federativas más de la mitad de sus localidades urbanas registraron 60% o más de población en situación de pobreza: Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Por al menos las dos últimas décadas en que se sistematizó la elaboración y publicación de informes sobre pobreza, la entidad poblana está ahí permanentemente abonando con cinco municipios más pobres del país, Eloxochitlán como caso emblemático, y con Puebla Capital destacando por el mayoritario número de pobres.

Ahora el informe gira hacia el ámbito de localidades urbanas y arroja datos nuevos: las localidades más pobladas con 80% o más de la población en situación de pobreza fueron Los Reyes de Juárez, San Salvador El Seco y Altepexi, que son cabeceras de los municipios del mismo nombre.

En tanto, el pedazo de primer mundo poblano donde no hay pobres es Lomas de Angelópolis y Chapultepec, ahí el registro de población en pobreza es menor al 20%.

Las localidades en el rango de 20% a 40% de población en pobreza son del municipio de Puebla: la cabecera y Galaxia La Calera; y en Cuautlancingo: la cabecera, Galaxias Almecatla, San Jacinto y Sanctorum.

En cerca de la mitad de las 440 localidades urbanas de Puebla, 80% o más de la población estaba en situación de pobreza en 2020, mientras que en 10 localidades menos de 40% de la población presentó esta característica.

En las 217 localidades urbanas de Puebla con porcentajes de población en situación de pobreza de 80% o más, el grado promedio de escolaridad osciló entre 3.9 y 9.1, en comparación con las diez localidades con porcentajes de pobreza inferiores a 40 % en las cuales el grado promedio de escolaridad fue mayor a 9.9.

El informe registra que en 208 localidades urbanas (con menos de 2,500 habitantes) donde 50% de la población es hablante de lengua indígena se registró 60% o más de población en situación de pobreza. La mayoría de estas localidades se ubican en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Yucatán. v

Lesly Mellado May

Justo cuando se cumplen 3 años del primer caso de COVID en el mundo, Puebla reporta cero hospitalizados por esa enfermedad lo que tranquiliza a quienes la muerte les coqueteó de cerca.

Todos perdimos parientes, amigos, colegas, y ni siquiera pudimos despedirlos como dicta la tradición mexicana. Así que la muerte y la orfandad se pasearon por nuestras casas sin decoro.

El 17 de noviembre de 2019, el gobierno chino reportó una extraña enfermedad en un paciente de 55 años que vivía en Hubei, Wuhan. La COVID no ha perdido el calificativo de extraña, es la hora que la Organización Mundial de la Salud no ha manifestado públicamente una explicación.

En tanto, vamos recuperando otra vida, una nueva, que implica otras formas de comunicarnos, de querernos, de consumir, de vivir, de trabajar, de estudiar.

En el confinamiento valoramos la tecnología, la ciencia y hasta las ventanas y patios. Los pobladores de las ciudades y el campo nos miramos de otra forma. El teletrabajo llevó a cambiar nuestra percepción de los espacios que habitamos. La convivencia familiar se modificó al encontrarnos tanto tiempo juntos.

Las organizaciones internacionales calculan que en marzo de 2020, casi 4 mil millones de personas hacían parte de la estrategia global de confinamiento, mientras la OMS hizo una declaratoria oficial de pandemia.

Ese mismo mes, en Puebla se registraba el primer contagio y el primer muerto. El 10 de marzo, el primer caso asintomático: un capacitador de la planta Volkswagen proveniente de Italia. El 30 de marzo, el primer muerto: un camillero del hospital Ángeles. Y así empezamos una odisea inimaginablemente larga.

Un año después, el 29 marzo de 2021, inició la vacunación masiva contra COVID en Puebla. Un respiro.

Casi un año más tarde, en febrero de 2022, se reportaba con esquema completo de vacunación el 90% de los adultos en la entidad poblana.

Hoy a tres años del primer caso en China, hay vacunas de sobra para niños poblanos mayores de 5 años.

En medio de la muerte y los estragos económicos que dejó la COVID, es de celebrar el acierto del gobierno mexicano en el programa gratuito de vacunación masiva y la habilidad del gobierno de Puebla para mantener siempre camas disponibles en los hospitales públicos, pues vislumbro que en un Estado regido por el PRIAN estaríamos contando otra historia.

Lesly Mellado May

En 2020, el año en que la pandemia dejó las aulas vacías, la Secretaría de Educación de Puebla tenía matriculados alrededor de cien mil estudiantes hablantes de lenguas indígenas como náhuatl, tutunaku, ngiguah, hñahñu, mixteco, mazateco y tepehua.

En números redondos había 46 mil niños en preescolar y 64 mil en primaria atendidos en mil 700 escuelas donde laboran unos 5 mil profesores. El servicio de educación indígena abarcaba, entonces, 146 municipios con 946 preescolares, 735 primarias y 91 albergues escolares con 4 mil alumnos becados. La organización era a través de 13 regiones: Tepexi, Puebla, Guadalupe Victoria, Huauchinango, Tehuacán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Zacapoaxtla, Huehuetla, Ajalpan, Alcomunga, Xicotepec y Villa Lázaro Cárdenas.

A nivel nacional, en el inicio del ciclo escolar 2019-2020 existían 22 mil 766 escuelas indígenas en el país, de las cuales 2 mil 338 eran iniciales, 10 mil 35 preescolares y 10 mil 393 primarias, de acuerdo con datos de la SEP. A nivel educación básica, Oaxaca y Chiapas son los estados con más escuelas indígenas en el país debido a que el 31.2% y 28.2% de su población de 3 años o más es hablante de lengua indígena, respectivamente.

Los niños indígenas, ya de por sí vulnerables en materia económica, al igual que el resto dejaron la educación presencial por casi dos años; pero el impacto negativo que recibieron fue mayor.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social recién publicó el estudio “Educación para la población indígena en México: el derecho a una educación intercultural y bilingüe”, donde destaca la forma en que la pandemia por la COVID agravó la desigualdad.

En primera instancia, se observó que, aunque los docentes hablaban la lengua de sus estudiantes, durante el cierre temporal de las escuelas, la comunicación con ellos se dio primordialmente en español y los materiales que se elaboraron para el seguimiento pedagógico no consideraron el derecho de los estudiantes a aprender en su lengua materna.

“La percepción, tanto de las y los docentes como de los padres de familia, fue que no lograron cubrir los contenidos mínimos en cada materia, lo que pone en riesgo el futuro académico de la población hablante de lengua indígena, agravando la brecha histórica que los ha caracterizado y colocándolos en una condición de riesgo de abandono escolar y de incorporación temprana al mercado laboral precario. Fue común una fuerte preocupación por el potencial abandono escolar para la incorporación de niñas, niños y adolescentes en actividades productivas, especialmente en aquellos estudiantes que se ubican al final de algún ciclo como la primaria o la secundaria”, reza el estudio del Coneval.

Y si acudir a la escuela ya resulta difícil para la población indígena, tomar instrucción a distancia supone mayores escollos por la falta de conectividad a internet y el acceso a equipos de cómputo.

Aquí parte de los resultados del estudio sobre educación indígena:

Se identificó que, de quienes tomaron clases a distancia, el 17.8% no contó con un escritorio o mesa para estudiar; el 20.7% no tuvo un lugar tranquilo para estudiar sin distracciones; un 34.6% no dispuso de libros de consulta para realizar sus actividades escolares, y el 87.7% no contó con computadora.

En los municipios analizados, los recursos educativos y pedagógicos más usados por las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena durante la pandemia fueron los cuadernillos elaborados por los propios docentes –o por el Conafe en sus planteles– y la mensajería electrónica instantánea vía celular.

Aunque la mayoría de los hogares contaba con un teléfono celular y algún otro medio para estudiar en línea durante la pandemia, en promedio, los hogares tenían al menos dos hijas o hijos que estudiaban, lo cual presenta una limitación en la posesión de medios básicos para dar continuidad a sus estudios en casa en la modalidad educación a distancia.

El uso de herramientas tecnológicas para el acceso a la educación generó gastos adicionales para las familias y para las y los docentes, impactando de manera negativa su economía que, de por sí, estaba siendo afectada por la contingencia sanitaria. Por su parte, los docentes y directivos reportaron que el acompañamiento pedagógico durante la pandemia implicó que asumieran los costos de la impresión de cuadernillos de trabajo, de traslado y de datos de celular.

Se observó que el principal apoyo que tuvieron las niñas, niños y adolescentes hablantes de lengua indígena para su educación durante la pandemia fue de la familia, lo que contribuye al rezago en la formación de los estudiantes, en virtud de que la carga principal del aprendizaje se fundamentó en personas que frecuentemente no contaban con los elementos suficientes para dar el apoyo educativo adecuado.

Lesly Mellado May

La despenalización del aborto depende del contexto político y de quién es el “valiente” que asuma el costo de la decisión. Así que en Puebla no soplan buenos vientos para conseguir una reforma. El Ejecutivo ha declarado que ya estamos listos para un debate ordenado sobre el asunto, pero sucede que el año pasado ya se realizó un ejercicio de parlamento abierto cuya conclusión fue la que se sabía con antelación y que nunca cambiará, hay dos posiciones: una a favor de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, otra que pide reconocer y garantizar el derecho a la maternidad voluntaria.

Ningún bando cambiará de posición en un debate ordenado o desordenado, no hay punto de negociación.

En el parlamento abierto organizado por el Congreso local en abril de 2021, el ala conservadora se aferró al artículo 26 de la Constitución local: “La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”. Esta disposición hace más difícil la ruta de despenalización del aborto respecto a lo que ha sucedido en otras entidades del país. De hecho, en ese artículo constitucional también se establece que el “Estado reconoce a la Familia como una institución fundamental”, sí, familia en singular y con mayúscula.

Y aunque esto contraviene lo estipulado en la plataforma electoral de Morena, sus militantes hoy ocupando las sillas del Poder Ejecutivo y Legislativo han volteado la cara hacia otro lado. El partido Morena tiene entre sus objetivos: “Promover el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres e informadas respecto a su vida sexual, orientación sexual, identidad de género y maternidad voluntaria, que garantice los servicios de salud sexual y reproductiva”, eso dice en el documento oficial entregado al Instituto Nacional Electoral.

Pero el ejercicio del poder es distinto y en Puebla no se ha logrado articular una alianza entre mujeres, académicos, juristas y políticos que permitan despenalizar el aborto. La jerarquía católica, en cambio, ha hecho su trabajo de cabildear para que la Constitución permanezca intacta.

El argumento oficial es que no es necesario cambiar la ley porque no hay mujeres presas por abortar. Pero ese no es el asunto de fondo. El Estado debe garantizar el derecho a la maternidad voluntaria que implica, entre otras cosas, interrupción del embarazo legal, segura y gratuita.

No se trata de moral y buenas costumbres. La interrupción del embarazo libre y gratuita se aprobó hace quince años en la Ciudad de México porque es un tema de salud pública, de justicia social y de la autonomía de las mujeres ante un embarazo no planeado, es decir, del derecho a decidir. En esencia, se trata de un Estado laico que garantiza derechos. Así se establece en el libro “El proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México” publicado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE).

Al revisitar la historia de la despenalización en la capital del país saltan datos como el amago de excomulgar a los legisladores que aprobaran la reforma y un spot de Chespirito en contra del aborto. Y recordé lo lejos que está Puebla de la CDMX, hace dos décadas me tocó escribir una crónica peculiar: las señoras del cerillo bendito apostadas en la avenida Juárez para impedir que almas perdidas entraran al espectáculo “Sólo para mujeres”… ¡qué tiempos!

Y seguiré escribiendo ¡qué tiempos! El Ejecutivo ha dicho que estamos listos para un debate ordenado que incluya a toda la sociedad, pero también que su tiempo es estrecho para presentar al Congreso iniciativas de reformas trascendentes.

En tanto, sigue vigente en el Código Penal de Puebla el artículo 342: “Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.

Lesly Mellado May

¿A qué puede dedicar su tiempo una niña de entre 10 y 14 años?

En un mundo ideal estaría estudiando y jugando. Pero la realidad se niega. En 2021, se registraron en Puebla 411 nacimientos donde la madre tenía entre 10 y 14 años de edad.

Puebla ocupó el tercer lugar nacional por nacimientos registrados con madres de 10 a 17 años, de acuerdo al último reporte de natalidad emitido por el Inegi. Las entidades federativas con la mayor tasa de nacimientos registrados para ese grupo de edad fueron: Chiapas, con 11.7; Guerrero, con 9.3; y Puebla, con 8.4.

El año pasado, 8 mil menores de edad dieron a luz en la entidad poblana: mil 154 tenían 15 años; 2 mil 569, 16 años; y 4 mil 110, 17 años.

En esta numeralia destaca que las entidades con más embarazos en menores de edad son Chiapas, Guerrero y Puebla, que comparten entre otras tragedias: altos índices de pobreza, desigualdad, violencia de género, baja escolaridad y marginación de comunidades indígenas. Características propicias para que la población inicie su vida sexual a temprana edad sin información ni protección.

Imagino que algunas de las 411 niñas-madres, no tuvieron relaciones consensuadas ni el deseo de embarazarse.

La feminista Marta Lamas afirma que “un fundamento de los derechos reproductivos es que la maternidad, para ser una opción ética, debe ser un acto voluntario, y yo sumaría dos adjetivos más: gozoso y compartido”.

Seguramente habrá excepciones, pero qué niña puede tener una maternidad gozosa. Las últimas cifras reiteran las deudas que tenemos con la infancia, que van desde políticas públicas educativas y sanitarias para evitar embarazos, a la maternidad y paternidad responsable que implica educar, vigilar y proteger.