Los besos entre personas del mismo sexo no sólo representan amor. Esta semana sirvieron para exigir a las autoridades justicia y respeto a los derechos de los gays, lesbianas y travestís poblanos. Este sector de la población alzó la voz para manifestar su repudio por el asesinato de Fernando Javier Hernández Fajardo, alias “Ana María Z. Jones”.
Z. Jones, tenía 39 años de edad cuando la homofobia vestida de muerte llegó a su departamento en la unidad habitacional “El Carmen Gastronómico”, ubicada al sur de la capital angelopolitana.
Tras el crimen, las protestas se dejaron sentir y fue, incluso, el Comité Orgullo Poblano y de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), quienes exigieron a las autoridades esclarecer los hechos, castigar a los responsables del crimen y, de paso, pidieron a los diputados locales sacar de la congeladora una ley que lleva alrededor de tres años en la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local: la Ley Contra la Discriminación.
Fue el martes pasado cuando “Ana María z. Jones” -como era conocido Hernández Fajardo-, fue encontrado muerto por seis puñaladas en su apartamento. Él formaba parte de un elenco de show travesti de Franco Disco Club y era el único habitante de su departamento.
Los activistas del colectivo de la diversidad sexual en la capital poblana, hoy lamentan que Puebla registre tres asesinatos con personas transgénero en lo que va de 2009. De hecho, hace 25 días, las autoridades de seguridad pública en la capital encontraron, debajo de un puente en la comunidad de San Miguel Canoa, el cadáver de una persona transexual con múltiples heridas de arma punzocortante.
En un comunicado, los activistas exigieron a las autoridades esclarecer el crimen, dar celeridad a la investigación y castigar los criminales con todo el peso de la ley. Dentro del contenido del escrito se exhorta a la sociedad poblana a denunciar este tipo de crímenes que muestran “una impiadosa deshumanización”.
“Hemos sentido su fuerza tanto al interior de la familia como en todos los ámbitos sociales de México, continuamos sufriendo el acoso, la extorsión y el abuso policíaco en las calles de Puebla, amparados y protegidos por la placa y el uniforme, primordialmente los compañeros y compañeras que se dedican al trabajo sexual comercial. Muchos y muchas hemos sido muy inteligentes para resistir y sobrevivir. Sin embargo, muchos otros y otras han sido asesinados, ejecutados, encarcelados, engañados, violentados y rechazados por el mismo Estado Mexicano, por sus instituciones y por sus familias por el simple hecho de ser quienes somos”, reza el documento.
México, después de Brasil, es el segundo país en Latinoamérica en casos de homofobia desde 1997. En ese tiempo se han registrado 500 muertes relacionadas con el caso. Además, se estima que por cada una que se denuncia existen otras seis muertes más que no lo hacen, ya que las familias tienen pena de que salgan a la luz pública y sean señalados por la sociedad.
Cabe señalar que el pasado miércoles, los activistas realizaron un foro, que sólo fue apoyado por las propuestas de los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Socialdemócrata (PSD) y, parcialmente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los demás, ni sus luces: ¿acaso no les interesa?
