La comparecencia de Ricardo Anaya fue diferida para el 31 de enero de 2022, quien se deberá presentar de manera física, resolvió el Juez de Control del Centro de Justicia Federal del reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia.

El juzgador advirtió al imputado y su defensa que, en caso de no acudir, será la Fiscalía General de la República (FGR), incluso a través de la petición de una orden de aprehensión, la que busque la forma de hacer que se presente en la audiencia.

Anaya enfrenta las imputaciones de los delitos de cohecho, uso de recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, y asociación delictuosa, por un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética de la pasada administración a cargo de Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto, sin oposición del Ministerio Público Federal (MPF), el abogado del imputado, Eduardo Aguilar Sierra, argumentó que no alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias, consistentes en la revisión de mil nuevas fojas que se agregaron al expediente en la audiencia que se iba a realizar el pasado 4 de octubre.

En la audiencia virtual, Anaya, quien vestía una camisa azul a cuadros, solicitó al Juez de Control Fuerte Tapia que le permitiera hablar a su abogado. El litigante explicó que para leer en su totalidad las 137 mil fojas que integran el expediente se necesitan un total de 284 días, dedicando ocho horas a la revisión del documento.

Se entiende que será el último diferimiento a la audiencia que inicialmente se iba a realizar el pasado 26 de agosto, pero se reprogramó para el 4 de octubre, debido a que Anaya no se encontraba en el país, y la segunda fecha se reprogramó por el anexo de mil fojas a la carpeta de investigación.

A las 9:50 horas de este lunes inició la audiencia de Anaya, ante el juez, la cual se realizó bajo el sistema de videoconferencia, con la condición de que el imputado y su defensa confirmaran que se encontraban en las inmediaciones de la Ciudad de México.

La petición de la tercera prórroga fue aceptada por los representantes de la FGR, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los representantes jurídicos de la Cámara de Diputados.

Las investigaciones en contra del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) se derivaron de las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lo involucró en la red de distribución de 10 millones de dólares del soborno de Odebrecht, para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

La semana pasada el juez Artemio Zúñiga, también del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, ordenó la prisión preventiva oficiosa en contra de Lozoya Austin a petición de la FGR por no aportar información efectiva en el criterio de oportunidad para señalar a más involucrados en la red de sobornos.