Menos de una semana después de la foto que sellaba el acuerdo para dar por fin vía libre al nuevo tratado de libre comercio (TMEC), México y EE UU han vuelto a chocar. La nueva piedra en al zapato es una norma estadounidense que permite que funcionarios de Washington revisen en territorio mexicano la correcta aplicación de la nueva normativa laboral que su socio se ha comprometido a implantar como parte del nuevo acuerdo. El texto, aún un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes, ha provocado un fuerte rechazo por parte del Gobierno mexicano, que interpreta la medida como un atropello de la soberanía nacional.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso este lunes durante sus ruedas de prensa diarias calificando la norma como “clandestina” porque “no se acordó en el tratado”. En todo caso, recalcó su predisposición a que la ratificación final del TMEC, prevista para antes del final de este 2019 tras más de dos años de negociaciones, no corra peligro. México reconoce que la norma estadounidense que ha desatado la discordia se encuadra dentro del paquete de legislación secundaria que aprueba cada país como acompañamiento a los tratados internacionales. Pero considera también que se trata de una imposición no consultada.
“Estos son métodos de negociación. Cada país trata de avanzar sus puntos. No nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como está firmado”, apuntó en la misma línea conciliadora el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Aunque al mismo tiempo marcó una linea roja en relación a la presencia de inspectores estadounidenses en territorio mexicano:“Ningún país puede designar agregados en México si la Secretaría de Relaciones Exteriores no los acepta o autoriza antes”. El proyecto de ley estadounidense establece una supervisión temporal, cada seis meses, de la legislación de trabajo mexicano por parte de cinco funcionarios “agregados” de Washington.
Al calor de la polémica, los principales negociadores de EE UU y México se volvieron a reunir este lunes. El representante de Comercio, Robert Lighthizer, respondió a través de un comunicado especificando que la figura del “agregado” es una práctica habitual en la relación diplomática. De hecho, México ya cuenta con un puñado de estos funcionarios en distintas áreas como defensa, justicia o comercio. Lighthizer puntualizó que estos funcionarios tienen potestades exclusivamente técnicas, que han de someterse a la legislación mexicana y que en ningún caso serán “inspectores de trabajo”. El segundo espada de la cancillería mexicana, Jesús Seade, remarcó a la salida de la reunión que, en todo caso, la medida les tomó por sorpresa y que “debió haberse discutido”.
Seade se encuentra en Washington limando las astillas de este nuevo conflicto para que no se convierta en otro obstáculo. México es el principal interesado en ratificar al acuerdo cuanto antes. En un mes arranca la campaña presidencial en EE UU, lo que podría enturbiar aun más el avance del nuevo marco comercial. Además, la economía mexicana cada vez da más síntomas de atonía: cayó en recesión en el tercer trimestre.
Tras casi un año congelado —las primeras negociaciones finalizaron en noviembre de 2018—, los representantes de los tres países —EE UU, México y Canadá— firmaron el martes pasado en el Palacio Nacional de Ciudad de México un nuevo texto con nuevas condiciones en materia laboral, automotriz, medioambiental y biomedicina.
Durante el proceso de negociaciones, la pata laboral ha sido uno de los más feroces caballos de batalla, más todavía tras la cruzada proteccionista emprendida por Donald Trump. México realizó en el último año una reforma laboral para asumir las exigencias de los estadounidenses. Además de cambiar la Ley del Trabajo para mejorar el sistema de justicia laboral y dar independencia a los sindicatos mexicanos, López Obrador ofreció aumentar el salario mínimo un 2% por encima de la inflación cada año y un presupuesto para implementar la reforma laboral de unos 900 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Ya la semana pasada, la posibilidad de que EE UU enviara funcionarios para supervisar el cumplimiento de las condiciones en materia laboral sobrevoló las negociaciones. La medida fue entonces calificada como “inaceptable” por el Gobierno mexicano y las partes acordaron incluir en el tratado un sistema de resolución de controversias con paneles conformados por expertos de los tres países. Además, México aceptó cumplir con un 70% de contenido norteamericano en la producción de automóviles que será revisada en siete años en los componentes de acero y en 10 años en el aluminio.
Fuente: El País
