Poblano busca presidir la Comisión de Atención a Víctimas de la Segob federal

Por  Staff Puebla On Line / Foto Archivo: Agencia Enfoque | Publicado el 24-07-2019

Joaquín Aguilar Méndez, quien fue víctima de pederastia del cura Nicolás Aguilar Rivera de Tehuacán, es uno de los 26 aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

De acuerdo con la lista publicada el 19 de julio, el director de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), es uno de los postulantes que acudió a la consulta pública para seleccionar a las personas candidatas a ocupar la comisión.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob informó que recibió 354 propuestas, de las cuales 55 fueron impulsadas por colectivos de familiares de víctimas, 250 por personas expertas, 44 por organizaciones de la sociedad civil y 5 por universidades.

En diversas entrevistas, Joaquín Aguilar dijo que su caso “más que una violación, es la destrucción del alma”, luego que en octubre de 1994 fue víctima de abuso sexual por parte del entonces párroco de Tehuacán, Nicolás Aguilar. Actualmente es director y fundador de SNAP México.

El abogado se describe como un luchador social que alza la voz ante la injusticia, pues desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual ha dado seguimiento a 526 casos de agresiones sexuales, de las cuales cinco son de Puebla, según dijo en 2018.

Los 26 aspirantes a dirigir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debieron entregar la documentación referida en la consulta pública los días 22 y 23 de julio de este año en la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de Gobernación.

Una vez recibida la documentación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, revisará la información y verificará el cumplimiento de los requisitos. Los criterios para la valoración de las y los postulantes son haberse desempeñado en actividades de servicio público, sociedad civil o academias relacionadas en atención a víctimas y derechos humanos, por lo menos a los dos años previos a su designación.

Fuente: El Sol de Puebla

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