Un Tribunal federal ordenó suspender la ejecución de la sentencia dictada en contra de Javier Duarte de Ochoa por asociación delictuosa y lavado de dinero, mientras analiza si las pruebas en las que se sustentó fueron legales. Aunque ello no implica, por ahora,  que el exgobernador salga de prisión, sí frena el eventual decomiso de bienes y cuentas que presuntamente son de su propiedad.

La sentencia que se dictó en septiembre del año pasado en contra de Duarte contempló, además de la pena de 9 años de prisión, una multa económica y el decomiso de cuentas bancarias y de más de 40 propiedades que, según la entonces PGR, fueron adquiridas por exgobernador a través de prestanombres, algo que él ha negado en reiteradas ocasiones.

En contra de esa condena los abogados de Duarte interpusieron una demanda de amparo bajo el argumento de que si bien el exgobernador aceptó su culpabilidad en un proceso abreviado, las pruebas bancarias en las que se sustenta la acusación son ilegales pues se obtuvieron sin autorización judicial.

La demanda promovida ya llegó hasta un Tribunal Colegiado el cual concedió a Duarte la suspensión para que se detenga la ejecución de la sentencia, mientras se analiza el fondo del asunto. La suspensión fue notificada el viernes pasado al juez del Reclusorio Norte responsable de ejecutar la condena.

“Lo que buscamos es que se nulifique esa sentencia (contra Duarte) que fue obtenida con pruebas ilegales. Mucha gente dice que Duarte ya aceptó las pruebas en el proceso abreviado y eso es correcto, sin embargo no obstante que las aceptó, tú no puedes ser condenado con pruebas que son en contra de los derechos fundamentales, ni Duarte ni nadie” dijo el abogado defensor del exgobernador, Ricardo Reyes Retana.

El litigante aclaró que Duarte no tiene interés alguno ni en las propiedades ni en los bienes que la PGR pretende decomisar, pues no los reconoce como suyos, pero explicó que el efecto de la suspensión otorgada por el Tribunal impide que dichos bienes sean asegurados por ahora.

“La suspensión es para que mientras el Tribunal Colegiado analiza si la sentencia es constitucional o no, no se mueva absolutamente nada y las cosas se mantengan en el estado actual, porque si el Tribunal emite una sentencia tirando el procedimiento abreviado pero la sentencia ya se ejecutó, serían actos de imposible reparación” añadió el abogado.

Respecto a los nueve años de prisión que está cumpliendo Duarte su abogado subrayó que esta suspensión no incide por ahora en esa cuestión dado que el exgobernador ya se encuentra preso en el Reclusorio Norte desde hace dos años, y no se puede detener el cómputo del tiempo que está transcurriendo. 

La condena de los nueve años solo podría verse afectada hasta que se resuelva el fondo del asunto y el Tribunal responsable determine si le concede a Duarte el amparo y cuáles serían los efectos del mismo. 

El objetivo final de la defensa es que todo el procedimiento abreviado sea anulado por vicios en el procedimiento y que el exgobernador de Veracruz pueda recobrar su libertad.

La semana pasada, , el empresario Moises Mansur Cysneiros, otra de las personas implicadas en el caso Duarte, obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en su contra. Ello luego de que el juez de amparo consideró que, en efecto, las pruebas bancarias reunidas en el caso no eran legales. Un juez federal deberá evaluar ahora si hay otras pruebas para volver a girar dicha orden o no.