La Secretaría del Bienestar no sólo rechazó una recomendación que le extendió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las estancias infantiles, también –en un oficio del 21 de junio dirigido a su presidente, Luis Raúl González Pérez– acusó al organismo autónomo de encubrir crímenes y mantener la impunidad durante el “periodo autoritario neoliberal”.

La dependencia calificó como “aberración inaceptable” que la CNDH emita una recomendación que cuestione la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sustituir los subsidios a las estancias infantiles por un apoyo directo a los padres de familia, y afirmó que detrás de esta recomendación se encuentran “motivaciones políticas” promovidas por “particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.

En su recomendación 29/2019, un documento de 241 cuartillas emitido el pasado 10 de junio, la CNDH estimó que el cambio en el programa de estancias infantiles “constituye una medida regresiva” en materia de derechos humanos, pues más allá del cambio de nombre y de reglas de operación, afirmó, el programa sufrió un recorte presupuestal de 50.16% en comparación con 2018.

Desde su primer párrafo, en el oficio SB/SDSH/200/435/2019 –firmado por la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes y dirigido a González—, Bienestar despotricó contra la CNDH:

“Durante el periodo autoritario neoliberal, en lugar de ser la institución que defendiera el pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”, planteó.

Montiel reprochó a los sucesivos titulares de la CNDH que “nada hicieron” para acabar la “guerra de exterminio” que lanzó Felipe Calderón Hinojosa, para “exigir justicia” en las “infamias” de Tlatlaya y Ayotzinapa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, o para hacer justicia en el incendio de la Guardería ABC.

En su recomendación, la CNDH recordó que el recorte de 50.16% al presupuesto del programa viola las leyes mexicanas, que “prohíben expresamente la disminución del presupuesto de ese tipo de programas sociales”, y exhibió que la Secretaría de Bienestar incurrió en varias irregularidades en los censos realizados para la inscripción al nuevo programa: afirmó que “al menos 6 mil 220 personas menores de edad” no fueron censadas.

La subsecretaria Montiel, quien fue legisladora por Morena y directora de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) capitalina durante el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, reviró a la CNDH que su recomendación “se excedió”, “no realizó un análisis jurídico de la información”, o fue “omisa”, entre otros.

En su opinión, la CNDH “no demostró” que el recorte presupuestal al programa “genere un prejuicio directo y real a la población objetivo”, y añadió que “al solicitar que se restaure el presupuesto anterior, está solicitando la desprotección de los derechos humanos de otros beneficiarios de los programas para el bienestar”.

Afirmó que, durante los sexenios pasados, el Programa de Estancias Infantiles otorgó subsidios a estancias con condiciones de riesgos para los niños o que incurrieron en actos de corrupción.

La política defendió el cambio del Programa de Estancias Infantiles anterior al actual de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: aseguró que con ello se elimina el “esquema de intermediación en las guarderías” y que al entregar el recurso a las familias “se mantiene exactamente la capacidad de generar exactamente los mismos resultados”.

Según ella, la nueva fórmula permite incluso a las familias “optar por la posibilidad de que sea un familiar quien se haga cargo del menor, en beneficio de la calidad del cuidado y atención infantil, así como de la economía familiar”.

También recalcó que la reasignación del subsidio “no impide o prohíbe a las madres, padres o tutores, que recurran a los servicios privados de las estancias infantiles”.

En la tarde de este miércoles, la CNDH emitió una escueta “nota informativa” donde expresó con un tono neutro que “no comparte la negativa de aceptación” de su recomendación, y anunció que realizará un “análisis puntual” de la respuesta para “formular las consideraciones procedentes”.

Fuente: Apro