Los diputados aprobaron la noche de este jueves el dictamen de reforma laboral que crea las bases para implementar un nuevo sistema de justicia en la materia y fija reglas para el sindicalismo mexicano en cuanto a la forma de elegir a los dirigentes, y establece mecanismos para garantizar la representatividad de los trabajadores en las negociaciones colectivas.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 417 votos a favor y después en lo particular, con 258 votos, un dictamen de reforma laboral que modificó 535 de mil 10 artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Con ello se cumplen tres ordenamientos: la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que entró en vigor en febrero de 2017 y que pide la creación de tribunales laborales que dependan del Poder Judicial, el Capítulo Laboral del T-MEC, y la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece libertad de asociación sindical y negociación colectiva.

En lo particular, la reforma crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje para pasar a un nuevo sistema de justicia laboral en el que las demandas serán tratadas en tribunales del Poder Judicial y todos los contratos colectivos serán depositados en ese organismo.

Además, la reforma fija reglas para el proceso de selección de líderes sindicales, quienes serán sujetos al voto personal, libre, directo y secreto, y asimismo, instaura mecanismos para garantizar que los trabajadores sean realmente representados por los sindicatos, lo que frenaría los sindicatos “blancos” o de protección patronal.

También se incluyen garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales y de esta manera nadie puede ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar parte de un sindicato, federación o confederación.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, calificó la reforma como “histórica porque estamos en la posibilidad de desaparecer para siempre el charrismo sindical”.

Pasada la aduana de San Lázaro, el dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.

El diputado y presidente de la Comisión del Trabajo, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, explicó que la nueva ley establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje que dependen de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, para crear los tribunales laborales que formarán parte de los Poderes Judicial federal y estatales, respectivamente.

Se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

Se fortalece la democracia sindical con los ejes de rendición de cuentas y transparencia.

Se establece el proceso de selección de líderes sindicales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto.

Se incluyen garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales y de esta manera nadie puede ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar o no, parte de un sindicato, federación o confederación.

Se eliminan brechas por género, violencia e inequidad salarial y se atiende y regula el régimen de los trabajadores del hogar.

En lo colectivo, el dictamen instaura mecanismos para la verificación y declaración de representatividad en los sindicatos: “lo que frenará la existencia de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección, así como sindicatos extorsionadores”.