Por votación unánime, las comisiones unidas del Senado decidieron castigar la trampa que utilizan los gobernadores y presidentes municipales para esconder actos de corrupción, pues modificaron la ley para que se castigue la práctica denominada “simulación de reintegros”, que consiste en utilizar dinero para reponer observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, una vez solventada la observación, vuelven a retirarlo.

De igual manera, los senadores de las comisiones unidas de Anticorrupción y Estudios Legislativos Primera aprobaron la llamada “muerte civil” de los funcionarios corruptos, que consiste en inhabilitarlos de por vida para ocupar puestos públicos.

“Se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesión de prestación, de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio de la Federación.

“Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización —en cifra actual el monto sería de 16 mil 898 pesos—, la inhabilitación será por un plazo de uno hasta 10 años.

“La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite señalado en el párrafo anterior”, dice la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, dijo que la finalidad es que las consecuencias por cometer actos de corrupción sean efectivas y que servidores públicos y particulares que incurran en dichas conductas no vuelvan a trabajar en el gobierno.

Mayuli Latifa Martínez, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, propuso incorporar la inhabilitación temporal por un acto que no cause daños, perjuicios o lucro, y la pena sería por tres meses y hasta un año; de uno hasta 10 años si el monto de la afectación no excede las 200 veces el valor de la UMA.

También fue avalado un dictamen que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sobre simulación de reintegro de recursos.

Con esta reforma, que consiste en crear el artículo 54Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece como falta grave de los servidores públicos el reintegro de recursos públicos a cuentas de carácter federal, estatal o municipal, para solventar observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, órganos fiscalizadores de las entidades federativas o los órganos de control, y que una vez solventadas, se retiren los fondos.