El despacho jurídico Ingrid Tapia SC lanzó una convocatoria abierta a través de redes sociales para tramitar permisos para consumo lúdico de la mariguana lo que provocó que en los primeros cuatro días recibiera más de 200 solicitudes de distintas personas de toda la república.

La campaña es parte de un movimiento impulsado por ese despacho denominado #Amparo4:20, que tiene por objetivo allanar el camino jurídico a las personas que quieran consumir libre y legalmente esa droga, según explica el apoderado Ricardo Altamirano Sánchez.

“El objetivo de este movimiento que tenemos el día de hoy es buscar el permiso por parte de la autoridad para el consumo lúdico del cannabis o mariguana, este cannabis o mariguana se da a través de un permiso de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios), lo que estamos promoviendo es solicitar un permiso a Cofepris y dependiendo de la respuesta que dé la autoridad  se tendría que recurrir a un amparo”, abundó.

Recordó que para el caso del amparo se “requiere un acto de autoridad para que se tramite, esto no es que la gente vaya a estar amparada, sino que se solicita un permiso para que Cofepris otorgue el permiso”, dijo el abogado. Si la Comisión niega el permiso entonces se argumenta que está negando un derecho y se avanza con un amparo en la justicia federal.

Este despacho jurídico ofrece el servicio a quienes estén interesados a un costo de dos mil pesos y se les pide como requisitos entregar copia de la credencial de elector, y entonces los abogados se encargan de realizar las diligencias correspondientes.

De las más de 200 solicitudes recibidas, 45 fueron entregadas a la Cofepris.

“El interés es grande, hemos recibido más de 200 solicitudes, tenemos ya presentadas 45 y las demás se presentan en los siguientes días, tanto en México a nivel federal, como en las dependencias locales y estatales. El amparo es de validez federal y estamos atendiendo a toda la República”, dijo Altamirano Sánchez.

La respuesta de Cofepris actualmente puede tardar hasta 60 días hábiles, unos 90 días naturales. Si la dependencia federal no responde a los solicitantes del permiso o lo hace de forma negativa, el despacho inicia entonces un juicio de amparo que tiene un costo de aproximadamente 6 mil pesos. Sin embargo, con el cambio de gobierno federal el próximo 1º de diciembre se prevé que la respuesta de la Cofepris sea positiva en todos los casos.

“Es un tema de protocolo y de eficiencia jurídica, nosotros tenemos confianza en que esta política que ha tenido el actual sexenio, respetable, ellos saben cómo la han mantenido a través de los muchos años que llevan, ojalá tenga que cambiar”, explicó el abogado.

“El costo que va a tener para Cofepris contestar cada uno de los amparos o de los amparados que lo promuevan es muy alto y si nos vamos a lo que se llama economía y derecho es muy probable que Cofepris el día 1 o 2 de diciembre decidan aprobar todo lo que tienen porque como quiera que sea para ellos va a ser un gasto inoperante el tener que contestar todos los amparos, son miles los que estamos ya procediendo”, sostuvo.