Aristegui Noticias informa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el próximo jueves la votación de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 de la Constitución Mexicana para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El aplazamiento fue solicitado por el ministro ponente del caso, Luis Maria Aguilar, ante la falta de apoyo a su proyecto de sentencia que proponía inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna por ser contrario en materia de libertad personal a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, es decir, por ser una norma inconvencional para los derechos humanos.

La propuesta del ministro Aguilar Morales también planteaba eliminar las restricciones para priorizar a la Constitución Mexicana por encima de los derechos humanos de fuente internacional cuando hubiera una restricción expresa en la Carta Magna, supuesto en el situó el artículo 19 de la Constitución.

Sin embargo, ante la postura de los y las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez que se manifestaron en contra de la prisión preventiva oficiosa, Aguilar Morales ofreció revisar su proyecto para modificar su proyecto y sumar los votos necesarios que permitan invalidar la PPO con argumentos distintos a su propuesta.

Luego de dos días debates, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votarán el próximo jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que propone inaplicar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional que contempla la prisión preventiva oficiosa (PPO) para un catálogo de 18 delitos.

Los argumentos de los ministros 

Hoy, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo cuestionó que los diputados federales hayan intentado ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, por lo que propuso declarar la inconstitucionalidad de la reforma que agregó los delitos fiscales al texto constitucional.

La ministra Margarita Ríos-Farjat también rechazó inaplicar el artículo 19 de la Constitución como señala el proyecto del ministro Aguilar Morales, destacando que esa posibilidad provocaría “un gobierno de jueces” que va más allá de las facultades que la Carta Magna le concede a la Suprema Corte.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández arremetió en contra de los ministros y ministras que adelantaron su voto contra el proyecto de sentencia del ministro Aguilar Morales, argumentando que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos.

A su vez, el ministro Javier Laynez Potisek dijo que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por vía legislativa y modificando leyes secundarias, es una fraude a la ley, por lo que se pronunció por invalidar las reformas que imponen la PPO a delitos fiscales.

En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseguró que la PPO equivale otorgar un “cheque en blanco” a los ministerios públicos para llevar a prisión a las personas imputadas, obligando a los jueces a la ceguera y a la indiferencia ante cualquier arbitrariedad que cometan las Fiscalías.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, también se pronunció a favor de eliminar la prisión preventiva oficiosa y advirtió que aprobar la eliminación de la PPO para delitos fiscales y de cuello blanco provocaría que dicha medida cautelar se siga imponiendo a las personas más pobres por lo que solicitó decretar la inconstitucionalidad de la figura mediante una interpretación que privilegie el artículo 1° constitucional en el cual se plasma que el Estado mexicano está comprometido con el respeto de los derechos humanos incluso cuando estos provengan de tratados internacionales.