Animal Político informa que la audiencia donde se dictará la sentencia por el feminicidio de Ingrid Escamilla se reprogramó para el próximo 12 de octubre a la 15:00 horas, debido a que el juez consideró que se presentaron algunas incidencias técnicas, informó Javier Gallardo, asesor jurídico de la familia de Ingrid Escamilla.

El abogado defensor dijo que para octubre se espera que ya se dicte el fallo correspondiente.

“Consideramos correcto ese criterio, porque es importante no dejar aspectos técnicos fuera que pudieran generar alguna reposición”, indicó Gallardo después de la audiencia a puerta cerrada en el Reclusorio Oriente.

#IngridEscamilla La audiencia donde se dictará el fallo se reprogramó para el 12 de octubre debido a que el juez consideró que hubo algunas incidencias técnicas.

“Consideramos correcto ese criterio”, informó Javier Gallardo, asesor jurídico de la familia.

En tanto, la mamá de Ingrid, la joven asesinada el 9 de febrero de 2020 por su expareja sentimental Erick Francisco, consideró que el Poder Judicial de la Ciudad de México está dilatando la justicia para su hija.

Antes de iniciar la audiencia de conclusión, que estaba programada para este 5 de septiembre a las 14:00 horas, la mamá de Ingrid señaló a Animal Político que buscan una sentencia de 70 años, que es la pena máxima por el delito de feminicidio.

En dos años y medio se han realizado 25 jornadas procesales, donde se han desahogado todas las pruebas y alegatos.

Colectivas y activistas feministas acompañaron a la familia de Ingrid Escamilla en la audiencia de conclusión. Colocaron velas, flores y fotografías de la joven afuera del Reclusorio.

“Es un compromiso asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas, y terminar con toda la violencia contra ellas”, señaló Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín.

Después del feminicidio de Ingrid Escamilla se filtraron y publicaron fotografías del crimen, donde la revictimizaba. La exigencia por colectivas y activistas feministas ocasionó la aprobación de la Ley Ingrid, reformas al Código Penal del DF y Federal, que sanciona a funcionarios que difundan imágenes o información relacionadas con las víctimas o investigación.