Un juez de Chihuahua vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado por un monto de 96.6 millones de pesos.

Duarte quedó en prisión preventiva y se dieron seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tras una audiencia de más de 12 horas, el juez Humberto Chávez consideró que existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad de Duarte —quien recién fue extraditado por autoridades de Estados Unidos— en los delitos que le imputa la Fiscalía General de Chihuahua.

La acusación señala que el exgobernador se habría coludido con exfuncionarios de su administración —entre 2010 y 2016— para desviar recursos públicos hacia dos empresas en las que era socio.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, llevada a cabo en la sede del Poder Judicial del Estado, la defensa del priista sostuvo que el exgobernador no dio órdenes directas para efectuar los desvíos, sino que exfuncionarios subordinados a él actuaron por cuenta propia.

Además, los abogados señalaron que el exgobernador no era responsable del manejo de los recursos públicos, por lo que derivaron la responsabilidad en su exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien ha fungido como testigo colaborador de la fiscalía en otras acusaciones de corrupción en contra de Duarte.

La defensa también señaló al exdiputado priista Carlos Hermosillo, ya fallecido, quien, supuestamente, fue quien instruía los desvíos.

Incluso, los abogados de Duarte sostuvieron que los exfuncionarios que colaboraron como testigos de la fiscalía fueron presionados y torturados por la administración del exgobernador Javier Corral, y presentaron como “prueba” una columna de opinión sin firma publicada en un medio local.

En respuesta, los agentes del Ministerio Público presentes en la audiencia afirmaron que Duarte, en su calidad de gobernador, tenía responsabilidad jurídica sobre el manejo del presupuesto estatal, además de que tenía superioridad jerárquica respecto de los funcionarios a los que su defensa pretendía implicar.

Los fiscales también afirmaron poseer un vasto caudal probatorio de la responsabilidad del exgobernador, que no son “especulaciones ni chismes”, en alusión a la columna de opinión esgrimida por los abogados de Duarte.

La acusación señala que el exmandatario priista orquestó el desvío de 96.6 millones de pesos a dos empresas en las que era fundador, accionista mayoritario y presidente del consejo de administración: Unión Ganadera y Financiera de la División del Norte.

Presuntamente, los recursos malversados provenían de fondos originalmente destinados a dar subsidios y créditos a productores ganaderos y promover la disponibilidad de carne de res de mejor calidad. 

Los recursos fueron desviados mediante contratos simulados para la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, compra de vaquillas, transporte de ganado, alimento para ganado y granos para productores, así como para la adquisición de un inmueble.

Fuente: Animal Político