Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica en entrevista que, desde su llegada al cargo, una de las grandes limitaciones encontradas en la ley en la materia es que no da capacidades de identificación humana a las comisiones de búsqueda del país, que quedan supeditadas al trabajo de otras instancias.
“Nosotros encontramos algo, levantamos la mano, tiene que llegar el MP, se llevan los restos y ahí nosotros perdemos toda la trazabilidad. Aunque la base le toca a la fiscalía, sí pedimos información sobre los cuerpos, las identificaciones, pero la recibimos muy a cuentagotas por parte de las fiscalías”, advierte.
Para la comisionada, esta situación es reflejo de que México necesita “pensar como Estado” y avanzar en el desarrollo de capacidades nacionales de identificación.
Uno de los instrumentos esenciales para la identificación de estos restos es el Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017. Sin embargo, este no ha sido creado en más de cuatro años.
De acuerdo con el CED, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.7% de los cuerpos no identificados.
“Lo que vemos en el día a día, y lo que viven las familias de las personas desaparecidas, es que hay una apuesta de varias comisiones locales, y de varios colectivos, de hacer búsquedas de exhumación en distintas partes del país, pero después el gran problema es qué se hace con estos restos, con los cuerpos que se rescatan, quién los procesa, a dónde va la información genética y forense”, explica en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
De ahí viene la relevancia de contar con un Banco Nacional de Datos Forenses, cuya operación requeriría, además, de una coordinación clara entre fiscalías locales, así como entre estas, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda.
A esto se suma que la cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor. La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada.
“La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más”, advertía desde agosto de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el documento “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, referencia que retoma el CED en su informe. Desde entonces, el movimiento ya señalaba rezago en el análisis de muestras genéticas, extravío de muestras y comparaciones incompletas entre perfiles.
El CED rescata esta información, recolectada por la sociedad civil, porque no existe un registro oficial a nivel nacional del número de personas fallecidas no identificadas, o de los restos que han sido hallados en distintos lugares del país no solo por la Comisión Nacional de Búsqueda, sino por las comisiones y fiscalías locales. Es decir, esa cifra no incluye los cuerpos todavía no localizados ni los fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones recogen cotidianamente en fosas clandestinas.
Fuente: Animal Político
