Una mujer hace crujir la tierra del cauce de un río seco. Camina despacio apoyada en un bastón de madera; mientras, vigila, escudriña los matorrales de este paraje inmenso. Protegido por un manto de arbustos espinosos, el predio queda lejos del último camino asfaltado. Donde ni siquiera suena el viento, un aullido corta el aire: “¡Debanhi!”.

Es el sexto día sin Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida en la madrugada del 8 al 9 de abril en el municipio de Escobedo (Nuevo León). Su familia, sus vecinos y una veintena de voluntarios llegaron el jueves hasta una comunidad perdida en Lumbreras de Tlaxcala, a unos 45 minutos del lugar en el que se la vio por última vez, para tratar de encontrarla. La voz quebrada de su padre, Mario Escobar, resume la situación de las víctimas: “No puedo estar en mi casa si no está mi hija”.

La búsqueda de esta joven de 18 años se ha convertido en el último grito de una sociedad conmocionada. La denuncia de su desaparición saltó el mismo día que hallaron el cuerpo sin vida de María Fernanda Contreras, a quien su familia esperó durante horas en la zona donde después la encontraron asesinada sin que la policía apareciera. Los dos casos han sido un ariete contra el Ejecutivo de Nuevo León, asediado por las críticas en la búsqueda de las mujeres. El gobernador, Samuel García, no ha querido responder a las reiteradas preguntas de este periódico sobre la crisis de desaparecidas.

En el último mes son al menos ocho mujeres las que todavía no han regresado a casa. La más pequeña, Allison Campos, tiene 12 años; la mayor, Yolanda Martínez, llega a los 26. Todas han desaparecido en la zona metropolitana de Monterrey, que abarca la capital del Estado y una decena de municipios en el extrarradio. “Aunque las autoridades quieran verlas como casos aislados, no lo son. Son chicas muy jóvenes desaparecidas en un mismo territorio delimitado”, apunta Angélica Orozco, de Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), la principal organización estatal de búsqueda de desaparecidos.

En los últimos 50 años son 1.793 mujeres sin localizar en Nuevo León, según el Registro Nacional de Búsqueda. El 90% de ellas desapareció después del 2010; en lo que va de año son ya 55 las que faltan. La crisis de este Estado se enmarca en una espiral todavía mayor: en el país cada día desaparecen siete mujeres, 11 son asesinadas. El Comité de la ONU denunció en su informe esta semana que, con casi 100.000 personas sin localizar, en México la desaparición es el paradigma del crimen perfecto. Orozco repite las cifras y sentencia: “Estamos ante una tragedia humanitaria”.

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Lleva un top blanco, una falda larga café y unos botines negros. Está oscuro y ella espera con los brazos cruzados en el margen de la calzada. La última imagen de Debanhi Escobar es una herida abierta para sus padres. Seis días más tarde esta pareja de maestros está en el mismo punto donde un conductor fotografió a su única hija. Es el kilómetro 15 de la carretera a Nuevo Laredo; a la izquierda queda una gran empresa de camiones, a la derecha, un motel desecho. Esta línea recta y árida es la principal vía de comunicación de Monterrey hacia el norte, hacia Tamaulipas y Estados Unidos. Es conocida como la carretera de la muerte, después de que un centenar de personas desaparecieran el año pasado en sus 200 kilómetros. Controlada en muchos puntos por el crimen organizado, los coches entraban en el asfalto y, antes de llegar a su destino, se esfumaban.

Ahí estaba Debanhi Escobar a las cinco de la mañana. Su familia no entiende por qué ahí. La joven salió de su casa a las 10 de la noche en compañía de otras dos amigas hacia una fiesta en la Quinta San Lorenzo, ubicada en Escobedo. “Nosotros le dijimos que no fuera, porque ya habían circulado por redes las imágenes de las otras desaparecidas. Pero tiene 18 años, se quiere comer la vida”, dice Mario Escobar. Como si hiciera falta, el padre trata de aclarar que él iba siempre a recogerla cuando salía de noche, pero que las últimas veces la joven ya quería ir por su cuenta con sus amigas.

En un momento de la noche, según la información de la familia, las chicas tuvieron un pleito, dos de ellas se marcharon y un conductor de una plataforma —Uber o Didi— fue a por Debanhi. “Yo sé que no se puede llevar a nadie a la fuerza, y me han dicho que mi hija estaba muy enfadada por lo de las amigas y le manoteó, pero de ahí a dejarla a esas horas en la carretera”, dice Dolores Bazaldúa, que no sabe si ella se bajó o el taxista la hizo bajar, que no sabe y pregunta: “¿Cómo le tomó esa foto a mi hija? Y, sobre todo, ¿por qué?”.

La imagen llegó al WhatsApp de estos padres preocupados el sábado a las seis de la mañana. Desvelados al ver que Debanhi no llegaba, escribieron a sus acompañantes y ellas les enviaron esta foto supuestamente tomada por el conductor. A las ocho, Mario Escobar ya había llamado a Locatel, a los servicios hospitalarios y forenses, había puesto la denuncia en la Fiscalía, había ido a por las cámaras del C4 y el C5 que controlan la ciudad y sus entradas. “Entonces se lanza la alerta de desaparecida”, dice este profesor de secundaria, “y ahí empieza este calvario”.

En esa frase se engloban las extorsiones que reciben a diario, los mensajes de personas que quieren la recompensa ofrecida por el Gobierno —de 100.000 pesos, unos 5.000 dólares— antes de dar la información que supuestamente tienen sobre el paradero de Debanhi, se incluyen los días sin dormir y sin comer, el desgaste de las salidas diarias a la tierra de nadie. “No hemos tenido vida más que para buscarla”, resume Mario Escobar unos minutos antes de lanzarse de nuevo a los caminos. “Son momentos muy críticos, porque ya pasaron muchos días. No podemos descartar nada. Todas las líneas de investigación están abiertas”.

Mientras la Fiscalía rastrea en su propio punto, el pálpito de una vecina de Escobedo y las premoniciones de Mhoni Vidente llevan el jueves a esta familia desesperada a una pequeña comunidad de casas destartaladas y construcciones sin terminar. Los acompañan dos drones, una perra de rescate —entrenada para encontrar restos humanos—, una veintena de voluntarios y parte del equipo de Búsqueda Nuevo León. El dron zumba por encima de los terrenos, Yoko huele la ropa interior de Debanhi y los grupos se reparten, hablan con vecinos, miran entre los arbustos y las espinas. “Igual no la encontramos a ella, pero encontramos a algún otro de los miles que nos faltan”, dice mientras fuma un cigarro Lulú Huertas, fundadora de Madres Buscadoras Nuevo León. Hace 12 años que desaparecieron a su hijo Christian mientras iba repartiendo chocolate hacia Coahuila: tenía 24 años, faltaban 12 días para que naciera su primer hijo. No ha vuelto a saber de él; sigue buscándolo. Después de dos horas de rastreo, José Bazaldúa, tío de Debanhi, se limpia el sudor de debajo de la gorra, se recoloca las gafas, marca a su hermana y dice: “Nada”.

El feminicidio de María Fernanda Contreras

Su rostro no fue el primero, pero despertó la ola de indignación. María Fernanda Contreras tenía 27 años, era egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde había estudiado Finanzas, y ahora trabajaba en una empresa de logística. Pero quería ser escritora; siempre andaba con un libro en la mano y empezaba pequeñas novelas. Pasó su última tarde con su pareja —llevaban juntos 10 años— y unas amigas en la llamada zona Tec, al sur de la capital. A mitad de tarde, Contreras avisó de que debía quedar con un excompañero de trabajo, porque él le debía un dinero desde hacía tiempo y ese día iba a devolvérselo. La esperaba en Apodaca, un área muy industrial de la zona metropolitana. Hasta allí llegó Contreras con su camioneta blanca. A las 20.52 mandó un mensaje a su madre: ya iba para la casa. El 3 de abril la joven entró con su vehículo en una vivienda de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa y ya no salió más.

A las 11 de la noche, al ver que no llegaba, sus padres se pusieron en contacto con los amigos, y a las dos de la mañana acudieron a la Fiscalía a poner la denuncia de desaparición. “Mi prima jamás fue de esas personas que se iba o apagaba el celular. Para mis tíos fue foco rojo inmediatamente. ‘No encontramos a Marifer’, nos dijeron”, cuenta María José Ruíz por videollamada.

Consiguieron la última localización de su celular y apuntaba a un área total de 1,2 kilómetros. Su padre y algún amigo estuvieron horas en la zona: miraron tras las rejas de las cocheras por si estaba la camioneta, vigilaron si aparecía por las ventanas o las aceras, organizaron grupos más grandes de búsqueda, avisaron a las autoridades de la ubicación. La policía nunca llegó.

Esa fue la primera de las numerosas deficiencias que denuncia la familia de Contreras en la investigación. El lunes 4 de abril, la Fiscalía les informó de que estaban entrevistando a la última persona que estuvo con ella. “Él llegó con arañazos en la cara y una mordida en una mano”, recalca Ruiz. “Tenemos conocimiento de que tiene tres denuncias previas: por extorsión, por amenazar con una pistola a un agente de tránsito sin licencia de portación de armas, y por acoso y amenazas a otra chava”. Lo dejaron libre por falta de evidencias.

Tres días más tarde los agentes encontraron el cuerpo de la joven en una casa dentro del área alertada por los padres. Les dijeron que tenía dos golpes en la cabeza, pero su prima María José Ruiz afirma que todavía no han recibido el informe completo de la autopsia. También critican las irregularidades en la detención Raúl Alfredo N, filtrada a los medios antes de avisar a la familia, y las palabras del fiscal antisecuestros, Javier Caballero, que aseguró que la joven había entrado sin uso de la fuerza en la vivienda y que había fallecido antes de que sus padres pusieran la denuncia. “Es una falta de respeto”, sentencia Ruiz.

La familia tampoco cree que Raúl Alfredo, de 26 años, para quien ahora el gobernador ha pedido “todo el peso de la ley”, sea el único partícipe en el asesinato de la joven. “Mi prima llega manejando, casi inmediatamente después él sale manejando la camioneta de mi prima y ya no regresa. Nosotros creemos que había otras personas en la casa. Esa línea de investigación de que fue algo aislado, de que él tenía algo con ella y por eso la mató, no nos convence”, apunta. “También hay algo que nos hace creer eso: hay demasiadas mujeres desaparecidas en este momento en Monterrey”.

Todas las que faltan

Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras se han convertido en los casos que han recibido la atención especial del gobernador y su equipo, pero no son los únicos. Celeste Tranquilino, de 16 años, desapareció el 31 de marzo cuando regresaba de su escuela preparatoria en el centro del municipio de Juárez. Sus padres, que tienen una pequeña tienda de abarrotes, fueron a buscarla, ya no la encontraron. La familia denuncia que no ha recibido ningún apoyo. “No nos hacen caso, no tenemos los medios”, dice Anarosa Martínez, prima de la niña. Celeste juega fútbol, saca buenas notas en la escuela y tiene tres hermanas pequeñas: “Ahora la extrañan”.

Ese mismo día fue la última vez que vieron a Yolanda Martínez Cadena, trabajadora de 26 años en una marca de cosméticos. Los amigos se han organizado para crear grupos de difusión. Cinco días después de su desaparición, su hermana Lucía Martínez encontró unos videos de ella caminando en una calle de San Nicolás Garza a las 11.30 de la mañana. En su publicación de Facebook escribió: “Necesito saber por qué no hacen nada Aldo Fasci, Samuel García. No es posible que yo una persona sin auto, sin celular muy moderno, solo con mi corazón de hermana esté buscando evidencias y ustedes no puedan encontrar nada. No tiene vergüenza y si no pueden con el cargo renuncien”.

Inés Lara tuvo que salir a desmentir una publicación de Instagram del gobernador donde este aseguraba que se había encontrado a su hija Sofía Izaely Sánchez, de 14 años. Desapareció el 11 de abril en Apodaca. En el mismo municipio del que falta Paulina Solía, de 16 años, desde el 22 de marzo. Al cierre de este reportaje, según las alertas del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), tampoco se ha localizado a Allison Campos, de 12 años, desaparecida en Santa Catarina el 28 de marzo, Jaqueline del Río, de 15 años, desde el 10 de abril en Escobedo, y Karen Yedid Valencia, de 24 años, desaparecida el 25 de marzo en la colonia Mitras Sur, de Monterrey.

El polémico secretario de Seguridad, Aldo Fasci, ha negado la existencia de una red de trata dedicada al secuestro de mujeres. “Eso no está pasando en Nuevo León. La mayoría de los casos son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás”, dijo el funcionario la pasada semana. La narrativa, utilizada también por la Fiscalía, provocó la protesta de los colectivos feministas y de búsqueda de desaparecidos. La renuncia de la secretaria de la Mujer, Alicia Leal, no apaciguó la indignación. “Si lo estás negando, minimizando, ¿cómo lo vas a enfrentar?”, se pregunta Angélica Orozco, de FUNDENL.

La organización reporta olas de desapariciones. Ahora es en la zona metropolitana, el año pasado fue en Sabinas Hidalgo, una localidad de 35.000 habitantes, situada en la carretera a Nuevo Laredo, desde donde desaparecieron a 11 jóvenes entre agosto y octubre, a tres ya las encontraron: muertas. Sentada en la llamada Plaza de los Desaparecidos, rodeada por decenas de rostros en búsqueda, Angélica Orozco saca las fichas plastificadas: Cynthia Janett Villareal, Cruz Elvira Hernández, Blanca Vianey, desaparecidas juntas al salir de unas fiesta, Coral Safiro y Yesenia Camacho, secuestradas por una camioneta con hombres armados. Y la lista sigue y sigue. “Hay una cosa clara: en Nuevo León se desaparece porque se dan todas las condiciones para que eso pueda suceder. Lo que hemos aprendido con los años es que cualquiera puede ser desaparecido”.

Fuente: El País/Beatriz Guillén