En tan solo dos años, el monto de la inversión total estimada para el proyecto del Tren Maya aumentó en 38 mil millones de pesos: de los 141 mil millones que en 2019 se esperaba gastar en esta obra, se pasó en 2021 a una inversión estimada de casi 180 mil millones de pesos. Esto representa un incremento del 26.9%.

Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercer informe relativo a la Cuenta Pública 2020, publicado este domingo 20 de febrero. Para esto, realizó hasta ocho diferentes auditorías al Tren Maya, la principal obra de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En sus informes, la ASF señaló que, a pesar del aumento millonario previsto en el costo del proyecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la dependencia federal encargada de la obra, no había actualizado los indicadores para evaluar su rentabilidad, como el cálculo de la demanda de pasajeros y de carga que tendrá el tren una vez que esté en operación.

Por ello, en la auditoría 401-DE Avances en el Desarrollo del Proyecto del Tren Maya, la ASF instruyó a Fonatur, entre otras acciones, a que “perfeccione los indicadores para evaluar los avances del proyecto” y que “actualice el estudio de demanda del proyecto”.

La Auditoría también resaltó que no se habían concluido los estudios de preinversión del proyecto, destacando que la fecha de finalización de los mismos se había ampliado hasta este 2022, “lo que generaría demoras en la entrada en operación del proyecto, prevista para 2023, y limitaría el cumplimiento del objetivo (de la obra del Tren Maya), relativo a promover el desarrollo económico y detonar el producto turístico de la Península de Yucatán”.

Según el Análisis Costo Beneficio del Proyecto del Tren Maya, el “techo” máximo de costo para que la inversión en esta megaobra deje de ser rentable es de 308 mil millones de pesos, cifra aún lejana de la inversión prevista en la actualidad de 180 mil millones.

Sin embargo, hace justo un año, en febrero de 2021, la ASF también alertó en un informe que, ante los constantes incrementos de la inversión prevista para todo el proyecto, y de continuar los cambios en los tramos de la obra —como el que se registró en el Tramo 4 Izamal-Cancún o como el que se acaba de registrar en enero pasado en el Tramo 5 Cancún-Tulum—, la rentabilidad de la obra estaba en riesgo.

La ASF también señaló en el informe que publicó este domingo que, al tercer trimestre de 2021, Fonatur reportó que se han invertido 33 mil millones de pesos en la obra, lo que significa apenas el 18.5% de los 180 mil millones de inversión total prevista en el proyecto.

Además, a pesar de que la obra ya estaba iniciada, Fonatur indicó en 2020 que tan solo en los tramos 1 y 3 aún le restaba por adquirir el derecho de vía relativo a más de 300 kilómetros. Ello, alegó Fonatur, debido al inicio en ese año de la contingencia sanitaria por COVID-19, la cual ralentizó tanto las obras como los procesos de compra de los derechos de vía por donde debe pasar el tren.

Sin embargo, la ASF precisó que, al momento de concluir el informe, Fonatur no había indicado si tenía previsto “suscribir nuevos contratos para adquirir una longitud de 230 kilómetros (Tramo 1) y 76.3 kilómetros (Tramo 3), respectivamente, del derecho de vía pendiente”. 

Ante estas y otras observaciones, la ASF recalcó que hay riesgo de que el Tren Maya no comience a operar para finales de 2023, la fecha fijada por el presidente López Obrador como plazo máximo para que el proyecto comience a ser una realidad antes de que termine su sexenio en 2024. 

“De no corregir las debilidades encontradas, incrementa el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico, detonar el desarrollo turístico incluyente en la Península de Yucatán (…) y propiciar el ordenamiento territorial”, hizo hincapié la ASF. 

Fuente: Animal Político