Se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Utilidad Pública mediante la cual el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón, anuncia la expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados (240 hectáreas) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos y Solidaridad para el tramo 5 norte del Tren Maya.

En el documento se enlistan las ubicaciones y sus correspondientes dimensiones de un total de 198 predios de propiedad privada que serán expropiados por el gobierno federal, de los cuales 22 se encuentran en Benito Juárez, 142 en Solidaridad y 34 en Puerto Morelos.

Se asegura en la declaratoria que “se cumple con la causa de utilidad pública prevista en el artículo 1o., fracción III Bis de la Ley de Expropiación, ya que se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán”.

En el tercer punto de la declaratoria se establece que los dueños de la tierra tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF para manifestar lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas para acreditar su derecho.

Por último se anuncia que procederán “a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación”.

El tramo 5 norte para el cual se destinarán las tierras expropiadas ha sufrido varios cambios en los últimos meses. Aunque estaba anunciado para ser un tramo elevado al centro de la carretera Cancún-Tulum, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo desistió de ese plan argumentando problemas en el subsuelo de la zona que hacían muy complicado mantener una estructura elevada.

Aunque no se ha precisado con exactitud el nuevo trazo, se sabe que correrá a un costado de la carretera y obliga al gobierno federal a la adquisición de nuevos derechos de vía.