La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido públicamente como “Pegasus”.
El 01 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron dicha orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro, trasladándose de manera inmediata a la Ciudad de México, para poner al imputado a disposición de un Juez, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día, los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), formularon imputación en contra del detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, agravado en términos del artículo 51 párrafo tercero del mismo ordenamiento, ya que fue cometido en contra de una periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión.
Por lo anterior, Juan Carlos “G”, fue vinculado a proceso y el Juez otorgó cuatro meses para que la FGR continúe con la investigación complementaria. Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso.
Juan Carlos fue uno de los operadores de Ansbacher, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el representante de la empresa israelí NSO Group, y como tal vendió Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro en Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El gobierno de Peña Nieto utilizó esta potente herramienta intrusiva para atacar de manera masiva los celulares de más de 15 periodistas –incluyendo seis trabajadores de Proceso, Carmen Aristegui y los miembros de su equipo de investigación--, más de un centenar de defensores de derechos humanos y más de 700 opositores políticos, entre ellos todos los integrantes del círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador.
A pocos días de la publicación de Pegasus Project, la FGR anunció que se encontraba a punto de judicializar una de las carpetas de investigación abiertas en torno al uso ilegal de Pegasus y a la red de empresas fantasmas que utilizó Ansbacher en el país.
La historia tomó un nuevo giro la semana antepasada, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló operaciones presuntamente fraudulentas perpetradas por agencias del gobierno actual con empresas de Ansbacher, específicamente el Instituto Nacional de Migración (INM), dirigido por Francisco Garduño Yáñez.
