Hasta el pasado 22 de septiembre, México se colocaba como el tercer país a nivel mundial en cuanto número total de menores que quedaron en orfandad, debido a la muerte de sus padres o tutores por Covid-19, con 244,500 casos, según se indicó en un análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
De acuerdo con el informe titulado “La orfandad ocasionada por la pandemia”, en donde se analizaron los casos de menores que quedaron huérfanos a causa del Covid-19, entre los 10 países con mayor número de defunciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en número absolutos arriba de México se ubicó la India (387,900 casos) y Brasil (273,300).
No obstante, si se considera el número de menores que quedaron huérfanos por cada 100 decesos por el virus SARS-CoV-2, México se posicionó en primer lugar a nivel mundial con 90 casos; le siguieron la India con 87 y Colombia con 67.
“De ahí, que la respuesta por parte de la sociedad y, en específico, por parte de las instituciones gubernamentales y sector privado sea vital para poder afrontar las complicaciones que se desatarán en las dinámicas familiares y en el desarrollo particular de aquellas niñas y niños”, destacó el reporte del Instituto Belisario Domínguez.
Dicho documento legislativo señaló que debido a que por cada 100 muertes por Covid hay 90 niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus cuidadores primarios y secundarios, se evidencia que la contención y el apoyo familiar en nuestro país es básico, además de que los apoyos que brinda el gobierno a los menores de edad en condición de orfandad, actualmente, son insuficientes.
DESPROTEGIDOS
Juan Martin Pérez, defensor de derechos de la infancia a través de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, destacó que debido a que actualmente no hay cifras oficiales por parte del gobierno sobre los menores mexicanos en orfandad, “existe una clara omisión dolosa” por parte del Estado para hacer valer los derechos de estos menores.
El defensor explicó que claramente estos menores están en una condición de desprotección, ya que toda niña o niño que pierde a su cuidador primario, va a tener una afectación económica, lo que significa un riesgo de que tengan que trabajar.
Al tiempo que es posible que las personas que después de la pérdida se hagan cargo del menor, no cuenten con la custodia legal ni los derechos plenos para poder representarlos, como lo sería en la inscripción de programas públicos o la escuela.
Además de los profundos riesgos de que estos menores puedan quedar en manos de personas que lo puedan violentar, en términos laborales o de carácter sexual, por lo que “es importante saber quiénes son, cuántos son y dónde están, para restituir sus derechos”.
“Estamos hablando del derecho a la vida, a un proyecto de vida (...) el hecho de que pierdan a un cuidador primario y tenga que dejar la escuela, en automático los condena a trabajos precarios y malos salarios. A las chicas las deja con alta probabilidad de embarazos tempranos y a muchos jóvenes, que están en escenarios de crimen organizado, a ser víctimas de reclutamiento”, enfatizó.
Martin Pérez lamentó que hasta ahora no existan acciones por parte del Estado para atender a los menores víctimas de la orfandad por el Covid-19 o peor, estadísticas que den cuenta de la magnitud del problema.
En tanto, la Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México) ha señalado que a más de un año desde que se activara la emergencia sanitaria mundial por la pandemia, resulta incomprensible que no se cuente con datos oficiales de las autoridades sobre cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado en orfandad por esta causa; lo que facilitaría los primeros pasos hacia una estrategia de atención integral, tomando en cuenta el interés superior de la niñez mexicana que ha sido perjudicada por la pandemia.
“Será fundamental ingresar de inmediato en una dinámica de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes huérfanos por la pandemia (...) ésta dinámica debe conformar la política pública específica para su atención y seguimiento: salud mental; servicios de apoyo psicosocial y económico; ajustes razonables en materia de educación y escolaridad; reconocimiento de las redes comunitarias e institucionalización sólo como última medida, de manera que el Estado mexicano asuma efectivamente su rol garantista de derechos frente nuestras infancias y adolescencias”, ha llamado la ONG.
Fuente: El Economista
