La Cámara de Diputados aprobó este jueves la llamada Ley Olimpia contra el acoso digital, una reforma legal para imponer penas de hasta seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
Con 446 votos a favor y uno en contra, los diputados avalaron en lo general la reforma al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue aprobada por el Senado en noviembre pasado.
El texto, que debe ser promulgado por el Ejecutivo, considera delito tomar y distribuir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.
El acoso digital será castigado con penas de cárcel de entre tres y seis años, y elevadas multas.
Además, se prevén agravantes cuando el delito lo cometa el cónyuge de la víctima, un cargo público o alguien con quien tuviera una relación sentimental, así como cuando se haga con fines lucrativos.
La reforma penará la violencia digital contra las mujeres en todo México, donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legislación estatal el castigo contra el abuso digital.
Un grupo de mujeres acampó estos últimos días frente la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de la llamada Ley Olimpia, entre ellas la activista Olimpia Coral, quien da nombre a la reforma legal.
Coral sufrió violencia digital a los 18 años cuando se difundió en redes sociales un vídeo en el que tenía sexo con su novio.
Durante el debate, semipresencial por la pandemia de COVID-19, la Diputada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Carolina Pozos denunció que la violencia digital genera “graves daños a la dignidad e integridad” de las mujeres, que quedan “condenadas al aislamiento social”.
Por su parte, Verónica María Sobrado, del Partido Acción Nacional (PAN), celebró la iniciativa como “avance legislativo importante” que “sin lugar a dudas brindará protección a las mujeres y a las niñas”.
El pasado marzo fue el más violento para las mujeres en todo México desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública inició el registro por género en 2015.
Las autoridades registraron 267 mujeres como presuntas víctimas de homicidio doloso, un número récord, además de otras 95 supuestas víctimas de feminicidio, como clasifican las fiscalías a los asesinatos por razones de género o violencia machista.
