Forbes dio a conocer que la justicia mexicana amplió de 5 a 7 años de cárcel la condena al excomandante de la Policía Judicial, Juan Sánchez Moreno, quien ejecutó la detención ilegal y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, informó este viernes la también escritora y defensora de derechos humanos.
“El comandante que celebró y fue cómplice de mi tortura recibe sentencia con análisis interseccional de violencia de género. Además lo inhabilitan 15 años”, apuntó Cacho en un mensaje en Twitter.
“Me amenazaron de muerte si los encarcelaban, pero era necesario lograrlo. Basta de #TorturaPolicíaca”, añadió.
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén”, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente y dijo que sufrió tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
Este viernes, la periodista dijo que la magistrada María Elena Suárez Préstamo, quien dictó la resolución, “es la jueza que no se arredra, que no se ha rendido ni vendido a pesar de las presiones del poder”.
Horas antes, la organización Artículo 19 informó que el jueves se les notificó la sentencia de apelación “la cual aumenta a 7 años la pena del excomandante de la judicial, Juan Sánchez Moreno, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”.
La organización dijo que “con el segundo sentenciado en el caso, se da un paso importante hacia la justicia”. Sin embargo, sigue pendiente el proceso judicial contra tres implicados y la captura de otros que se encuentran prófugos.
ANTECEDENTES
En 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.
En 2014, en compañía de Artículo 19, Cacho acudió al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y este en 2018 aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de la periodista, otorgándole 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el gobierno de México pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005.
El pasado 3 de febrero, el exgobernador del estado mexicano de Puebla Mario Marín (2005-2011) fue detenido en el balneario de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, por presuntamente haber torturado a Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.
Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del suroriental estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal Adolfo Karam y Sánchez Moreno.
