La Casa Blanca presentó y envió al Congreso su primera Estrategia Nacional de Control de Drogas en medio de lo que califica de una “epidemia” de sobredosis de narcóticos sin precedente, proclamando que representa un nuevo giro en la materia aunque es difícil detectar lo novedoso en su enfoque en reducción de consumo, tratamiento de adicción y cooperación internacional –con México y otros– en “combatir” el trasiego ilegal de enervantes.

La estrategia enfatiza el objetivo de superar la “epidemia de opiaceos”, por la que se han registrado 105 mil 752 muertes –66 por ciento de éstas por opiaceos sintéticos incluyendo fentanilo– en los recientes 12 meses, un nivel sin precedente, y de 1999 a la fecha las sobredosis han causado el fallecimiento de casi un millón de estadunidenses.

Por lo tanto, declaró el presidente Joe Biden, la nueva política se enfocará “en los dos grandes impulsores de la invasión de opiaceos: la adicción no atendida y el narcotráfico”. Agregó que “es hora de que tratemos la falta de control en el consumo de estupefacientes como cualquier otra enfermedad, y al mismo tiempo estamos irrumpiendo en las redes financieras de los narcotraficantes, sus cadenas de suministro, y las rutas de entrega, incluyendo en Internet”.

La atención a la salud se enfoca en la prevención, tratamiento y “reducción de daños. A la vez, se intensifica el “combate a la producción doméstica de cultivo y producción de drogas sintéticas y su comercio”.

Tal vez una novedad en esta estrategia inaugural de este gobierno es el reconocimiento explícito de que las políticas locales antinarcóticos han impactado más a comunidades minoritarias. Datos oficiales indican que los negros tienen cinco veces más probabilidad de ser encarcelados por delitos de droga que los blancos.

El documento afirma que “la mayoría de las drogas ilícitas consumidas en Estados Unidos son producidas en el extranjero por organizaciones criminales trasnacionales” (TCO, siglas en inglés), las cuales “amenazan la salud y seguridad de nuestras comunidades al exponer a nuestros ciudadanos a sustancias ilícitamente fabricadas”. Más aún, dichas agrupaciones “representan una amenaza a la seguridad nacional” y “la mayor amenaza criminal a Estados Unidos”, afirma la estrategia al abordar la dimensión internacional de la lucha antinarcóticos.

Por otro lado, la estrategia propone redoblar la cooperación internacional y abordar el asunto como “una responsabilidad compartida” (frase resucitada después de su entierro temporal durante el gobierno de Donald Trump). Enfatiza el esfuerzo dedicado a combatir a las redes y mecanismos financieros de las TCO como prioridad.

Fuente: La Jornada