En relación con las versiones publicadas por algunos medios de comunicación en torno a la supuesta emisión de una ficha roja de la lnterpol en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, estos aclaran que no existe evidencia de que tal información sea verídica.

Corresponderá a la lnterpol precisar la veracidad de dicha información y señalar si alguien está usurpando su nombre para propagar infundios que se han hecho circular de forma anónima entre los medios de comunicación, evidenciando una intención difamatoria para desviar la atención de la opinión pública sobre el desacato a la orden judicial federal que obliga a devolver las instalaciones universitarias ilícitamente tomadas por el estado de Puebla.

Se reitera la exigencia para que se dé cumplimiento a la suspensión que ordenó un juez federal y se devuelva el campus de la UDLAP, propiedad privada, a la Fundación Mary Street Jenkins.