Más de cuatro millones de pesos es lo que el concesionario de la Ruta 13 ofrece como acuerdo reparatorio a la familia de Emmanuel Vara Zenteno para que Javier Julio, de 19 años de edad, consiga su libertad luego de que el pasado miércoles fuera detenido por colisionar y matar a quien fuera director de la Secretaría de Gestión y Movilidad del Ayuntamiento de Puebla.

Pese a lo anterior, a través del agente del Ministerio Público, los dolientes se negaron a aceptar la reparación del daño que la defensa del imputado mencionó durante la audiencia celebrada este lunes en la Casa de Justicia Puebla, tratándose de una cantidad inusual, incluso superior a las que se han ofrecido en otros casos similares hasta en hechos de tipo doloso, como homicidios, donde los deudos han recibido entre 200 y 280 mil pesos.

CHOFER DE RUTA GALGOS ES VINCULADO A PROCESO

Con sala llena y sin la presencia de los familiares de Emmanuel Vara Zenteno, este lunes poco después de las 15 horas dio inicio la audiencia de vinculación a proceso contra Javier Julio N. Durante la misma se dio lectura a un escrito que el imputado presentó para la revocación del abogado particular que inicialmente lo asistió. Fue así como otros dos litigantes tomaron la defensa del acusado.

Luego de que los nuevos abogados del detenido no realizaran manifestación alguna para contradecir los hechos relatados por la agente del Ministerio Público con respecto a la presunta participación y responsabilidad de Javier Julio en el deceso del exservidor público y también activista a favor de los derechos de los ciclistas, el juez de control a cargo de la audiencia resolvió sujetar a investigación al hoy imputado en grado de autor material.

Tras la decisión del jurista, la representante de la Fiscalía General del Estado solicitó que la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, impuesta al conductor del transporte público durante una primera audiencia, prevaleciera. Fue en ese instante que la defensa del joven de 19 años de edad -y padre de dos menores- objetó para luego pedir que la medida cautelar a imponer fuera cambiada por firma periódica, restricción para salir del estado, así como para acercase a los deudos, además de realizar una exhibición económica de acuerdo a sus posibilidades.

Lo anterior atendiendo al criterio de que el delito por el cual se le acusa a Javier Julio es de carácter culposo, es decir, que se cometió sin intención, por lo que la ley brinda la posibilidad de que los acusados de estos hechos pasen su proceso en libertad y, además, puedan llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima o bien, con los ofendidos.

Asimismo, los abogados del aprehendido destacaron que incluso existen condiciones que comprueban arraigo domicilio del procesado mediante diversa documentación en la que se demuestra que el chofer de la Ruta 13 o Galgos del Sur ha vivido por varios años en el mismo domicilio y, por lo tanto, se encuentra localizable, sin riesgo de fuga.

Pese a lo anterior, tanto el juez como agente del Ministerio Público coincidieron en que el riesgo de fuga radica en el hecho de que el imputado conoce sobre la pena que podría alcanzar en caso de encontrársele responsable. Bajo dicho argumento el togado ordenó que prevaleciera la medida de prisión preventiva justificada.

Ante tal escenario lo defensores del transportista recurrieron a una segunda estrategia, consistente en la solicitud de la suspensión del proceso penal por 30 días, pues manifestaron el deseo del detenido de llegar a un acuerdo reparatorio con los agraviados.

En este sentido, los litigantes explicaron que aunque el concesionario de la Unidad ofreció la póliza de seguro, que cubre gastos de entre tres y cuatro millones de pesos por daños a terceras personas, la parte acusada está dispuesta a dar poco más de esa cantidad para llegar a un acuerdo reparatorio a través del área de Medios Alternativos de Solución de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la representación social se negó rotundamente a lo anterior, ya que aseguró que horas antes de iniciar la audiencia, vía telefónica, el padre de Emmanuel le indicó que no estaban dispuestos a aceptar la reparación del daño a cambio de la libertad del conductor del transporte público.

Si bien el juez de control no cedió a la petición de la defensa del acusado por no existir las condiciones para suspender el proceso, ya que no se encontraban los deudos para garantizar igualdad de condiciones entre las partes, advirtió que el agente del Ministerio Público tenía la obligación de orientar a la parte ofendida respecto a las diversas alternativas que ofrece el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en este tipo de asuntos; sin embargo, no se realizó.

De tal manera que al no haber acudido los dolientes a esta segunda audiencia se ordenó que el proceso penal siguiera su curso, otorgando plazo de tres meses para investigación complementaria. En tanto, la defensa de Javier buscará entablar pláticas con los deudos de Emmanuel con el propósito de llegar a un acuerdo y, posteriormente, solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares en la que el juez, tras avalar que todo se hizo conforme a derecho, ordene la suspensión del proceso y la libertad del conductor del transporte público.

Fuente: El Sol de Puebla