La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró de manera precautoria 11 reptiles que pretendían ser enviados de forma ilegal a los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Michoacán desde el Distrito Federal y Estado de México, mediante la empresa de paquetería FedEx.
A denuncia presentada por la propia empresa que detectó cuatro paquetes sospechosos declarados como “material médico”, inspectores de esta dependencia federal revisaron el contenido y encontraron a dichos ejemplares de vida silvestre que buscaban ser transportados de manera ilícita.
La acción ocurrida el pasado día 23 de junio pudo ser impedida tras la colaboración que la empresa FedEx mantiene con la PROFEPA, para permitir la verificación de los paquetes y su contenido, en el Centro de Distribución.
Las especies a las que pertenecen dichos reptiles tienen gran demanda por coleccionistas nacionales e incluso extranjeros, principalmente de Europa y Norteamérica, además de estar listados algunos en categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
El paquete No. 1 contenía 01 ejemplar de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), con destino a la ciudad de Puebla.
El paquete No. 2 contenía 7 ejemplares: 01 ejemplar de camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus), 01 ejemplar de serpiente falso coral (Lampropeltis triangulum), 01 ejemplar de serpiente se leche (Panterophis guttata), 02 ejemplares de varano (Varano niloticus) y 02 ejemplar de rana ojos rojos (Agalychnis dacnicolor), con destino a la ciudad de Oaxaca.
El paquete No. 3 contenía 01 ejemplar de tortuga lagarto (Chelydra serpentina), con destino a la ciudad de Morelos.
El paquete No. 4 contenía 02 ejemplares de tortuga tres lomos (Staurotypus triporcatus), con destino a la ciudad de Morelia.
Los ejemplares asegurados fueron canalizados de manera inmediata a un herpetario especializado para su cuidado y valoración médica.
La PROFEPA iniciará la investigación y aportación de elementos para la integración de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de un delito contra la biodiversidad que puede ser castigado hasta con 9 años de prisión.
