Puebla se convierte en el estado número 23  en aprobar la Ley Anticorrupción, cuyas reformas constitucionales crean el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo dictamen aprobado por el Senado fue enviados a los Congresos locales para su votación y que ya existen condiciones para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la declare constitucional, este miércoles.

En sesión  extraordinaria los diputados locales con 33 votos a favor,  dos en contra de los diputados del PT y una abstención, los legisladores avalaron con  las reformas que tendrán como fin el que los estados y los municipios puedan ser fiscalizados y que aún no aprueban los estados de Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

Durante la discusión parlamentaria el partido de Movimiento Ciudadano, y PT criticaron las reformas debido a que  la legislación no  garantiza de fondo el abatir  la corrupción en los estados, señaló en su intervención en tribuna la petista, Lizeth Sánchez  y no toca al ejecutivo federal  afirmó el coordinador de la bancada de MC, Julián Peña que calificó la ley  de mediocre.

En su intervención el diputado local panista, Eukid Castañón, acusó el querer “sacar raja política” del asunto de un dictamen que desconocen y sugirió irresponsabilidad por parte de los legisladores al no consultar con sus dirigencias nacionales que la avalaron.

La iniciativa fue respaldada por el Revolucionario Institucional  y Acción Nacional que consideraron que las reformas garantizan el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras en la federación, cuya disposición legal ataca de manera frontal la corrupción, externaron en tribuna los legisladores, Salvador Escobedo y Patricia Leal del PAN y Pablo Fernández del Campo del PRI quien afirmó que los señalamientos de “los partidos de izquierda están fuera de lugar”.

En la legislación además de crear el Sistema anticorrupción, se  da la extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito. Se le otorga  la atribución  a la Auditoria Superior de la Federación (ASF),  fiscalice las cuentas públicas de estados y municipios, el DF y delegaciones.

Con las nuevas reformas el secretario de la Función Pública, será ratificado por la Cámara  de Senadores a propuesta del ejecutivo federal y prevé sanciones contra particulares involucrados en actos de corrupción, entre otras.