Este martes 21 de abril se llevará a cabo la primera audiencia en la que Lydia Cacho ampliará su declaración contra uno de los policías procesados por la tortura de la que fue víctima en diciembre de 2005.

El ex elemento policiaco lideró el grupo de policías poblanos que orquestó veinte horas de tortura contra Lydia, hace exactamente diez años, señaló Artículo 19, quien se encarga de defender a la comunicadora.

La PGR detuvo al imputado, luego de que la ONU admitió el caso de la periodista, expuesto en Ginebra.

Lydia Cacho podría pasar entre 4 y 6 horas, este martes, declarando y respondiendo a las preguntas de quien señala como el líder de sus torturadores.

“Una puede pensar que después de tantos años de hacer terapia psicológica y de reconstruir tu vida todo sería más sencillo, pero no lo es; estoy inquieta, los recuerdos vuelven, la tortura y las amenazas han vuelto a mí, como si hubiese sucedido apenas hace unos días. Recuerdo lo que el policía Montaño me dejó claro al dejarme en la cárcel de Puebla, advirtiéndome que dentro sería violada por las presas pagadas para ello, me advirtió que si lo detenían él se encargaría de mi muerte, lenta y dolorosa. Lo detuvieron sólo después de una década porque llevamos el caso a Ginebra”, declaró Lydia Cacho a sus abogados, previo al careo con el policía.

“Tenemos información clara de que el despacho del abogado Oscar Jorge Fink Serra, radicado en Cancún, quien hace años defendiera a Kamel Nacif Borge, es ahora el defensor legal del policía y que los vínculos mafiosos entre ellos siguen vigentes. Eso significa que la protección de las mafias de tratantes de niñas y niños con mis torturadores probablemente siga viva“, subrayó la periodista, autora de Esclavas del poder, Demonios del edén y Memorias de una infamia.

Por su parte, Artículo 19 indicó que “la detención y procesamiento de uno de los policías detenidos no garantiza el derecho a la justicia, puesto que todavía queda pendiente la captura y enjuiciamiento de los actores intelectuales de las agresiones sufridas contra la periodista Lidia Cacho en el 2005?.

En octubre de 2014, dicha organización junto con la periodista presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de ONU una petición individual para que el caso fuera revisado ante esa instancia. Derivado de esto, se activó un proceso judicial contra uno de los policías que participó en su detención arbitraria y tortura.

En diciembre de 2014, la PGR ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla. De forma inusitada, y siendo que la averiguación previa se encontraba en integración desde 2006, finalmente –a raíz de la demanda de justicia a nivel internacional- se decidió perseguir y enjuiciar a dos de los responsables. Uno de ellos fue capturado y sujeto a proceso en prisión, mientras que otro se encuentra prófugo.