Pablo Huachina Posadas, indígena náhuatl, no olvida aquellas palabras que un custodio le dijo: “Tú ya no vas a salir, aquí te vas a pudrir. Personas que no hicieron nada jamás han podido salir y tú que sí lo hiciste no vas a salir, ni lo pienses”.
La de él es una de las 2 mil 773 historias de injusticia que por robar un aguacate, transportar madera, o ser acusados por sus patrones de un robo, fueron alejados de sus familias.
Sin embargo, ahora ya están libres con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Aquel 16 de marzo de 2012, el hombre de 51 años de edad, originario de Cuahuximaloyan, municipio de Xochiapulco, Puebla, llevaba leña de encino en su camioneta en apoyo al Presidente Auxiliar de Huahuaxtla, tal y como lo había solicitado el Juez de Paz de Carreragco, municipio de Tetela de Ocampo.
Al circular por el tramo de la carretera Talcozama y El Arenal, en Zacapoaxtla, Puebla, Pablo Huachina fue detenido por la policía estatal y trasladado al Ministerio Público. Posteriormente fue consignado al Juez Penal del Distrito por delitos contra la ecología en su modalidad de transporte de recursos forestales maderables.
Desde ese día, la vida de Pablo y su familia cambió por completo: dos meses estuvo tras la rejas, aprendiendo a sobrevivir en un Centro de Readaptación Social, en los que, asegura, no están los que deben estar.
“En la cárcel en el trato hay de todo, para que voy a decir que a uno lo tratan bien... Pero además hay muchos que no la deben”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.
El estar encerrado le permitió darse cuenta cómo es tratado un indígena que por el simple hecho de serlo, debe enfrentar la discriminación de todos.
“En los separos estuve 27 días. Ahí no hay libertad de ‘peluquearse’ o rasurarse. A veces alcanzaba dos tortillas, un poco de frijoles y sal. Eso era todo. Por ser el último en haber entrado, me comía lo que quedaba”, cuenta.
Hace una pausa, la garganta se le cierra al recordar que para las autoridades, el hecho de ser humilde es sinónimo de delincuente.
El indígena que llevaba una vida de albañil con ganancias de entre 50 y 150 pesos diarios —con los que intentaba mantener a sus tres hijos y a su esposa— siente coraje por la forma en que son juzgados.
Abre un poco sus sentimientos: “Las primeras noches en prisión lloraba, sentía que nunca iba a salir. No tenía apoyo moral, sin dinero… estaba desolado. En la cárcel siente uno que todo se le viene abajo, se le cierra el mundo”.
Mira hacia arriba, aprieta las manos y continúa. “Yo sentí coraje, sentí rabia porque hay mucha gente que he visto que de verdad se dedica a hacer cosas peores y uno que trabaja humildemente, honradamente, y le llega a uno la mala racha y llega a este lugar sin deberla. Así es esta vida”, narra.
Entre las actividades en prisión recuerda que lo ponían a lavar los baños “de las personas preferidas” o bien hacía labores de limpieza en la cocina. Su refugio para tratar de pasar los días más tranquilos fue la guitarra y el canto, con lo que hacía pasar un rato ameno a presos y custodios.
Aunque salió de prisión el 1 de mayo de 2012, hubo apelación y año y medio tuvo que acudir a firmar al juzgado, lo que le costaba cada 15 días gastar 600 pesos. Ahí de nuevo vivió el calvario, pues con sus ingresos de 50 pesos al día, difícilmente podía mantener a su esposa María y a sus hijos Pablo, Giovanni y Jesús.
Sin embargo, esta “mala racha” cambió al salir beneficiado con un proyecto de la CDI para poner una ferretería. Pablo Huachina hace una pausa y termina la entrevista: “La justicia para los indígenas es muy diferente”.
Programa jurídico
En lo que va de la actual administración federal, la CDI —con su equipo jurídico— ha logrado excarcelar a 2 mil 773 indígenas de los 8 mil 558 que había desde el año 2013.
En entrevista, Nuvia Mayorga Delgado, directora de la CDI, aseguró que el objetivo del plan sexenal es que del total de la población indígena que se encuentra en alguna prisión, 70 % sea liberado, el otro 30% no podrá ser asistido ya que enfrentan procesos o han sido condenados por algún delito del fuero federal.
Ante los resultados del programa señaló que “son 2 mil 773 historias de injusticia de la población indígena. Cada una es una historia por la cual estuvieron en prisión desde 50 días, hasta uno o más de tres años”.
Nuvia Mayorga expuso que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con las herramientas necesarias para apoyar a dicho sector de la población que se encuentra en reclusión, como lo es un equipo de traductores y abogados que pueden estar en una diligencia para que el Ministerio Público registre lo que el indígena dice.
Apoyo para fianzas y proyectos
“Nosotros sacamos a presos del fuero común. Este programa tan sensible apoya en pagar la fianza y asistimos en los procesos con el apoyo de más de 180 traductores que tenemos en todo el país, y con los más de 193 abogados indígenas”, explicó la directora general de la CDI.
Adelantó que la meta para 2015 será liberar a poco más de mil indígenas, con lo que cuentan hasta con un presupuesto de 80 mil pesos para cada caso. Por ejemplo, con estos recursos se llegan a pagar las fianzas que a veces son de montos mínimos pero que los inculpados no pueden costear y por ello permanecen en la cárcel.
Luego de estar en libertad, indicó, en muchos de los casos los ayudamos con un proyecto productivo para que se puedan incorporar a la sociedad y asesoramos a las mujeres en las casas de la mujer indígena —centros de apoyo— en el tema sicológico porque quedan dañadas.
“Los jueces juzgan a quien se le haga más fácil culpar, desgraciadamente eso nos hemos encontrado en la mayoría de los casos. Es lo que estamos buscando cambiar con las diferentes estancias y que reconozcan a nuestro padrón de abogados indígenas traductores como peritos para que puedan estar asesorando en un caso y que no se cometan injusticias”, enfatizó la responsable del CDI.
Para asistir en estos casos jurídicos, la funcionaria detalló que los abogados del CDI han recibido constante capacitación, incluso internacionalmente — en la Organización de Estados Americanos (OEA)—, para estar preparados con el nuevo sistema de justicia penal.
Las entidades en las que hay el mayor número de indígenas en la cárcel, de acuerdo con datos de 2013 de la CDI, son Oaxaca con mil 460, Chiapas mil 082, Puebla 998, Veracruz 735, Distrito Federal 520 y Chihuahua con 418.
Por útlimo, Mayorga Delgado indicó que la CDI cuenta con 24 delegaciones en el país para ayudar a este sector de la población.
