La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en un comunicado que las cárceles de mujeres de los estados de Puebla, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca presentan constantes violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales, extorsiones e incluso las presas, que mayoritariamente viven hacinadas, se prostituyen con grandes carencias de higiene y alimentación.
En el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana de la CNDH, publicado este domingo y dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernadores de los estados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a la Comisión Nacional de Seguridad, se confirma la falta de atención médica, la inexistencia de manuales de procedimientos y la prohibición de estancia de los hijos de las internas, en algunos casos.
La Comisión analizó las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergan a un total de 12,690 mujeres y urgió a corregir los problemas que hacen que la discriminación se agrave en las cárceles, ya que en 65 de los centros ellas tienen carencias que los hombres no tienen, y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron resaltadas en un documento de 2013, pero no se han solucionado.
El informe subraya deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños, pero también problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de “gobiernos paralelos”, que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio.
Mientras unas viven hacinadas, duermen en el suelo entre cucarachas, chinches y ratas o son obligadas a prostituirse, otras tienen celdas privadas con televisiones, microondas, refrigeradores y celulares.
Aunque los centros que mayor irregularidad presentan están en Guerrero, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, pero los problemas están en todo el país.
Quien realmente manda tras las rejas no es la autoridad sino los internos (hombres). En muchos reclusorios las presas tienen el candado de sus propias puertas y hay una sola agente de seguridad. De ahí que la Comisión señale el autogobierno como uno de los principales problemas que conlleva los cobros de extorsiones, la administración de los servicios “gratuitos” y la asignación de privilegios.
En esos espacios se ejecutan castigos —como aislarlas por 30 días—, se decide quien participa en las actividades, quién recibe visita familiar o conyugal, y también se controlan las llamadas telefónicas.
La prisión de Culiacán, en Sinaloa, es donde los privilegios llegan a niveles más insospechados: presas con mascota, cámaras de seguridad no controladas por los funcionarios de la prisión, celdas con suelos de azulejos, servicios exclusivos de cocina y televisión por cable. En Culiacán quien manda es una interna denominada “Alcaide”.
Y en el centro de reclusión Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos en el área varonil.
Con información de AP
