El secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, afirmó que en el gobierno existe el diálogo en los conflictos sociales y se aplicará todo el peso de la ley a la violación  del marco legal contra quienes incurran en confrontación o actos de provocación, luego de los hechos ocurridos en la comunidad de Chalchihuapan el pasado 9 de julio en una manifestación que por las heridas muriera días después  un niño de 13 años.

De la misma manera calificó de falso que en el estado existan presos políticos, versión dijo  de personajes con otros intereses.

 “En Puebla no existen presos políticos. Existen presuntos responsables del fueron común, sujetos a la competencia de los jueces que tienen garantizado su defensa. Ese discurso por líderes morales que tienen otros intereses, ”aseveró.

Así lo externó el secretario en su comparecencia  ante el legislativo en el bloque de gobernabilidad junto con el Procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet; Facundo Rosas Rosas, de Seguridad Pública y Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, secretario de la Contraloría.

En su informe  que se realizó en un operativo de seguridad en calles aledañs, afirmó que el gobierno debe ceñirse  al marco de la ley, y al respeto de las instituciones en el caso que indicó intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la PGR.

“Estos conflictos encubiertos por demandas sociales pretendan encubrir actos de provocación la autoridad  no tiene más alternativa que hacer valer el estado de derecho. Porque esa es su obligación primaria. La ley no se pacta, la ley  no se negocia, la ley no se tuerce porque no es prerrogativa de la autoridad someter la aplicación de la ley al arbitreo del chantaje político o por aún de la comisión de delitos bajo  el régimen de impunidad,” externó y agregó:

“Hoy la coartada perfecta es la demanda social  por legítima que sea propiciar un clima de violencia y degradación social, ejemplos que hemos visto en otras partes del país que demuestran que el ánimo de concesión  en los conflictos los ahonda,”  acotó.

En tanto aseveró que en los hechos del 9 de julio el gobierno del estado atendió 9 recomendaciones ante los derechos humanos y están pendientes 2 más.